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Xalapa, Ver.- El INE hace elecciones, no hace milagros”, asumió en sesión el consejero de esa institución, Jaime Rivera, luego de que consejeros del Instituto Nacional Electoral se pronunciaron a favor de solicitar una ampliación presupuestal, tras advertir que la bolsa aprobada por la Cámara de Diputados afecta la organización de la elección judicial. En ese contexto, Claudia Zavala se sumó al reproche hacia la fracción mayoritaria en el Congreso (Morena, Verde y Partido del Trabajo) por el recorte de poco más de 13 mil millones de pesos, respecto al monto general solicitado por el INE, de 40 mil millones de pesos. Ambos opinaron que esos partidos deben asumir la responsabilidad por los efectos de la merma. “Cuando se recorta severamente el presupuesto del INE, no solo se afecta a esta institución, sino también, potencialmente, a derechos ciudadanos. Sería imposible llevar a cabo las elecciones judiciales en condiciones óptimas o si se quiere normales, como el INE acostumbra hacer sus elecciones con todas las garantías de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de confiabilidad. El INE hace elecciones, no hace milagros”, reiteró Rivera. Jorge Montaño, quien es además presidente de la comisión Temporal para organizar la elección judicial, dijo que hay una preocupación por la forma en que el órgano cumplirá el mandato constitucional. “No hay que dejar pasar, olvidar, que tenemos un límite entre lo realmente posible y lo materialmente imposible”, expresa. Refiere que el INE debe contar con los insumos necesarios para cumplir con las actividades, las cuales “no están siendo inventadas” sino las necesarias para dar certeza y calidad a la contienda de personas juzgadoras, por lo que advirtió que si toman el recurso solo para la elección judicial podrían incurrir en un “desvío de recursos injustificable” . Por tanto, indicó, “para este próximo 2025 debemos ir pensando en justificar en una ampliación presupuestal”, y confió en que el Congreso de la Unión sea “solidario” ante una petición de ese tipo. El tema fue colocado como último punto de la sesión ordinaria del viernes y, aunque los partidos están excluidos de la discusión en torno a la reforma, el consejero Arturo Castillo inició la exposición sobre el asunto, a fin de “desmitificar” la versión según la cual el INE pidió más recursos para hacer la elección de ministros, magistrados y jueces, frente a lo solicitado para la elección federal del 2 de junio pasado. No es verdad, dijo, que en la elección pasada se eligieran más de 20 mil cargos federales sino 629; los restantes correspondieron a cargos locales, cuyos costos fueron cubiertos por cada entidad. Tampoco es verdad, añadió, que la elección federal pasada costara nueve mil millones de pesos contando las prerrogativas de los partidos políticos. “No, la elección federal costó 19 mil 799 millones de pesos, ahí sí, contando las prerrogativas de los partidos; de estos, 9 mil 355 millones de pesos correspondieron solo a la organización del proceso; los 10 mil 444 restantes fueron las prerrogativas de los partidos. Asimismo, negó que la solicitud del INE fuera excesiva o injustificada, pues la contienda será de 881 cargos, 40 por ciento más que el 2 de junio. Añadió que en la elección judicial se renovarán 16 cargos. Con diferentes enfoques se fueron sumando a la exposición el resto de los consejeros. Dania Ravel señaló que “si dejamos a salvo el gasto operativo del INE solo tendríamos 4 mil 349 millones de pesos que se dirigirían para la organización de la elección de las personas juzgadoras a nivel federal”, aun cuando se trata de un proceso inédito, con tiempo limitado para su preparación. El año pasado a nivel federal, indicó, tuvimos 2 mil 304 candidaturas y ahora esperamos más de 5 mil candidaturas. Señaló entonces que ante ello no será posible instalar más de 170 mil casillas en todo el país sino centros de votación para reducir el número de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Ravel recordó que para la consulta popular realizada en 2021 se instalaron 57 mil 70 mesas y en la revocación de mandato, 57 mil 448, también por escasez de recursos. “Se pone en riesgo el equipamiento de los centros de votación, los cuales deben reunir las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad”. Para la instalación de 172 mil casillas preveíamos más de 50 mil Caes, pero debe señalarse que al reducir demasiado el número de supervisores y capacitadores se tendrán que aumentar los tramos de control, lo cual significa una carga excesiva de trabajo.
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