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XALAPA.- En el gobierno de Donald Trump (2017-2021) mil 360 los niños y niñas que fueron separados de sus familias en la frontera y aún no han podido ver a sus padres, revela un informe hecho público este lunes conjuntamente por Human Rights Watch, la ONG Texas Civil Rights Project y la Universidad de Yale reveló. El informe equipara esa política llamada en su momento de ‘tolerancia cero’ con el grave delito de “desaparición forzada”, por la negativa a los padres a revelar el paradero de sus hijos durante años, y con la “tortura”, por ser fruto de una política “deliberada” de agentes del Estado para “causar sufrimiento grave con fines indebidos”. La investigación documenta casos concretos de funcionarios que practicaron las separaciones “como factor disuasorio para otras familias”, y de otros que intervinieron específicamente para mantener esa separación incluso cuando algunas agencias federales comenzaron a promover la reunificación familiar. El informe reconoce que el presidente Joe Biden tomó “medidas notables” para reparar en lo posible el daño infligido a las familias, como la concesión de permisos temporales a los padres para ingresar en EU, así como de permisos de trabajo, la incoación de casos de asilo y la prestación de servicios de salud mental, pero no ha habido rendición de cuentas de los responsables de aquellas políticas. Pero con el regreso de Trump a la Casa Blanca alertan una “cacería de ilegales” y advierten que entre su gabinete está: Thomas Homan, nominado para ‘zar de la frontera’ y el siniestro Stephen Miller, propuesto como subjefe de políticas internas y que fue considerado el ideológico de la política antimigratoria más radical de la era moderna. Por esa razón, el informe pide al Senado -del que dependen esos nombramientos- que rechace a estos candidatos específicamente. Sugiere además resarcir a las familias víctimas de esa separación forzada con “una rendición de cuentas pública, una disculpa y otras medidas que incluyan posibles procesos penales”.
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