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Xalapa, Ver.-
La ministra Norma Piña fue blanco de las críticas del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento pidió a los funcionarios ni responderles llamadas. Pero eso no quedó en el pasado pues esta semana, la ministra presidenta de la SCJN acusó al Ejecutivo de haber creado un ambiente de deslegitimación, percusión y amenazas hacia el Poder Judicial, sin embargo, esto fue rechazado por Presidenta Claudia Sheinbaum. La relación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha tenido desencuentros, confrontamientos, descalificaciones e intentos de reconciliación. Pero, a meses de que se elija a los nuevos jueces -con la aplicación de la Reforma Judicial- no hay visos de mejora o recomposición. Norma Piña señaló esta semana que tres momentos llevaron al “quiebre” en la relación entre los Poderes de la Unión. El primero fue en abril de 2023, ya que en esa fecha el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales las reformas que establecían el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto provocó que el expresidente López Obrador reprochara a los ocho ministros que avalaron la inconstitucionalidad y los acusó no sólo de actuar al estilo del gobierno de Felipe Calderón, sino de apoyar con ello un modelo de seguridad como el de Genaro García Luna. Pero no fue la única reforma de Morena que “tiró” la SCJN, invalidó dos más: una fue el decreto presidencial a través del cual se intentó clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras “prioritarias”, y el otro fue el “Plan B” electoral, mediante el cual se reducía financiamiento público a partidos y se modificaba la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). En ambos casos, el exmandatario reclamó el actuar de los ministros. “Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros”, acusó Norma Piña al presentar su último informe de labores. Las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se agravaron cuando López Obrador presentó el 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas, entre ellas una reforma constitucional para que, de un solo golpe, se fueran todos los ministros de la SCJN, se eliminara el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se crearan dos órganos nuevos para vigilar el actuar de los juzgadores y despidiera a 711 jueces de Distrito y magistrados de Circuito. En junio de 2024, el entonces presidente López Obrador explicó que esta reforma era porque el Poder Judicial “está secuestrado” por la delincuencia organizada y de cuello blanco, y “no está al servicio del pueblo.
Ese mismo mes, durante el parlamento abierto que organizó Morena en la Cámara de Diputados, ocho ministros estuvieron en contra de esta reforma, mientras que las tres ministras cercanas al partido oficial (Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz) aplaudieron esta modificación constitucional.
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