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XALAPA.- Repartiendo culpas a diestra y siniestra, el contralor general del estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, reconoció que en los seis años de gobierno, hubo 331 quejas por acoso y hostigamiento sexual en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, denunciados por mujeres y hombres trabajadores de diversas dependencias. Incluso, el funcionario responsabilizó a cada una de las Unidades de Género internas de las dependencias de no hacerse cargo de las denuncias. El problema es que el dato informado por Olivares Martínez contrasta con el que dio la excontralora general, Mercedes Santoyo Domínguez, en marzo del 2023, cuando informó a los medios de comunicación que existían 170 quejas, lo que significa que, de marzo del 2023 a noviembre del 2024, hubo 161 quejas nuevas, siendo casi el doble de las que se habían registrado en los primeros 5 años de gobierno de García Jiménez. En ese tenor, el Contralor señaló que en el último año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las dependencias de gobierno se dispararon en un 49 por ciento. Durante su comparecencia el pasado 26 de noviembre, Olivares Martínez aseguró: “En el periodo mencionado los órganos internos de control han reportado 331 casos de acoso y hostigamiento sexual en toda la Administración Pública Estatal”. El contralor, quien asumió el cargo en diciembre del 2023, explicó que de las 331 quejas que se presentaron, 112 están siendo investigadas, además de que en 43 casos, ya hubo informes de presunta responsabilidad administrativa. No obstante, de las 331 quejas, sólo en 12 casos han logrado comprobar una responsabilidad administrativa por acoso y hostigamiento. “Investigación tenemos 112 casos, estamos combatiendo todos aquellos asuntos y estamos investigándolos, de los cuales 43 de esos casos ya se formularon los informes de presunta responsabilidad administrativa, qué quiere decir esto, que la autoridad investigadora en la exhaustividad de su investigación ya advirtió que existen elementos que presumen que un servidor público sí cometió un caso de acoso u hostigamiento sexual”, concluyó.
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