|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Luego de que el pasado 14 de noviembre un juez de control de Pacho Viejo determinó el sobreseimiento del proceso en contra del ex gobernador Javier Duarte por la desaparición forzada del policía David Lara Cruz, ocurrida en 2016, colectivos de familias de personas desaparecidas en Veracruz arremetieron contra el togado y le exigieron confesar cuánto le pagó el ex mandatario por absolverlo. Acusaron que se trata de un golpe bajo que evidencia la impunidad del estado en esta problemática. Tras la decisión del juez de control, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la oportunidad de impugnar la decisión; en tanto, el actual gobernador, Cuitláhuac García, aseguró que la última palabra no está dicha. “No se saldrán con la suya”, publicó en sus redes sociales. Por lo anterior, colectivos de personas desaparecidas clamaron justicia en este caso y exigieron a la FGE que haga su trabajo y sostenga y demuestre ante el juez de control que Javier “N” es culpable de desaparición forzada. “La Fiscalía tiene que hacer un trabajo de investigación inexpugnable, para que por muy corrupto que sea el juez no lo puedan tirar, que sea un trabajo sólido y seguir golpeando hasta que Duarte se quede en la cárcel de por vida, porque las personas que él dañó perdieron su vida”, denunciaron las madres buscadoras. En ese tenor, la presidenta del colectivo “Solecito de Veracruz”, Lucia de los Ángeles Díaz Genao, consideró que el actuar del juez de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz es “un golpe bajo” para las familias de las víctimas, debido a que la audiencia se llevó a cabo en fin de semana, cuando el pueblo veracruzano estaba entretenido en actividades de compras por el programa de consumo del Buen Fin. Además, recordó que Javier “N” no sólo es señalado por el delito de desaparición forzada contra el expolicía David LC, sino que es conocido por miles de veracruzanos que durante su periodo como gobernador (2010-2016) se cometieron cientos de desapariciones forzadas con el uso de la fuerza pública. “Esas no son coincidencias, es lucro con la justicia; una persona adulta no puede creer que el juez lo haga por una conciencia muy profunda de lo que es la justicia. Hay muchas evidencias, declaraciones, testigos de lo que hizo Duarte; éste es un solo caso que se planteó porque tenía todos los elementos; el juez hizo una jugarreta; el juez ya vimos a qué se dedica, a lucrar con la justicia”, señaló. Las familias integradas en el colectivo Solecito exigieron a las autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía investigar el actuar del juez de control que dejó sin culpabilidad al exgobernador de Veracruz. “Las desapariciones de jóvenes en su gobierno están documentadas por todos lados, lo que hizo Duarte con la juventud. Ese juez recibió una buena transferencia de efectivo, estamos seguras que recibió dinero ese juez, nadie cree en la inocencia de Duarte; ese precedente que sienta el togado significa para la justicia que cualquiera que cometa un delito, con una buena cantidad de dinero, puede ser absuelto”. Díaz Genao busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, secuestrado el 28 de junio del 2013, a la edad de 29 años en la ciudad de Veracruz. Por su parte, la integrante del colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas”, María Elena Gutiérrez, consideró que la acción del juez de sobreseer el delito de desaparición forzada pone de manifiesto dos temas: uno, que la FGE no reunió los elementos suficientes para demostrar que Javier “N” es responsable, y dos, la corrupción y sobornos monetarios que reciben los jueces en Veracruz. María Elena busca a su sobrino Rafael Espinosa, desaparecido en agosto del 2013. Ella refirió que son vox populi los sobornos que reciben los jueces estatales y federales a cambio de beneficiar con libertad a delincuentes, y la historia ha demostrado que en la cárcel se quedan sólo las personas que no tienen capacidad económica de pagar. “La Fiscalía no hace un trabajo para demostrar la desaparición forzada. La población está conociendo las tranzas que cometen los jueces, el montón de dinero que ganan y que están dispuestos a aceptar por fallar un juicio a favor del que les pague más. Ha habido casos escandalosos de jueces que aceptan sobornos y eso ha sido en la historia tristemente del Poder Judicial”, denunció. Las madres buscadoras coincidieron en señalar que los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito cometidos por Duarte y los funcionarios de su gabinete les permiten vivir con lujos y cuentas bancarias al alza. Señalaron que ninguna Persona Privada de la Libertad (PPL) tiene la solvencia económica para mantener a su esposa y tres hijos con una casa en Inglaterra. “Los jueces nos han demostrado que el que tiene dinero no pisa la cárcel. Su esposa se pudo ir a Europa y nos enteramos que tiene una casa cerca de un palacio. Javier se puede ir con todas las desapariciones de su época que coinciden con su periodo de gobernador, todos los colectivos tenemos casos de desapariciones de larga data que se cometieron en su gobierno”, sostuvo. A su vez, la coordinadora del colectivo “Por la Paz Xalapa”, Sara González Rodríguez, sostuvo que hay tristeza, llanto y angustia entre las familias por la decisión del juez del Poder Judicial de Veracruz al determinar que Javier “N” no es presunto culpable de la desaparición de personas. “Nos pusimos a llorar las madres; todos sabemos que Javier Duarte se chingó a cientos de familias con la desaparición forzada, y todavía lo absuelve de la desaparición forzada este hijo de la…, dándole la oportunidad de que salga libre, porque los otros delitos de enriquecimiento de todo lo que robó en Veracruz, también ya casi sale de la cárcel, que el juez diga cuánto le pagó Javier Duarte”, acusó. La coordinadora de “Familias por la Paz” también exigió que la Fiscalía General del Estado defienda a las víctimas. “Necesitamos hablar con la fiscal Verónica Hernández y que nos diga si va a hacer algo, si va a impugnar y si no va a impugnar que nos diga, para que nos juntemos todas las familias víctimas de desapariciones de Veracruz, y no sólo de este estado, porque también desaparecieron a personas de otras entidades y hasta de países, ya les vamos a contar los casos que tenemos”, sostuvo. En noviembre de 2022 un juez vinculó a proceso al ex gobernador por desaparición forzada en la modalidad de entorpecer una investigación, y le impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria. En esa ocasión, la defensa encabezada por el abogado Pablo Campuzano emitió un comunicado donde aseguró que el único dato de prueba por este delito había sido obtenido bajo tortura. El propio Javier Duarte explicó que sus coimputados (otros cuatro exfuncionarios) están libres y adelantó: “Sólo me tomará algunos meses tumbar esta aberrante mentira y más pronto que tarde saldré libre, es una chicanada judicial”, aseguró. Según Duarte, la vinculación a proceso sólo tuvo el objetivo de evitar que alcanzara el beneficio de la preliberación al haber cumplido el 50 por ciento de su condena, pues se encuentra preso desde 2017. Las pruebas de la FGE en contra de los cuatro exfuncionarios y de Duarte por el caso de la barranca, están concentradas en dos testimonios. Uno de ellos es el del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien declaró que el día de la aparición de los cuerpos Javier Duarte tuvo una reunión de emergencia en Casa Veracruz, y ahí le dijo: “Como si necesitara otro escándalo como el de Tierra Blanca. No podemos darnos el lujo de un hallazgo, nos van a partir la madre”. Apenas un día antes –el 11 de enero del 2016–, cinco jóvenes en Tierra Blanca habían desaparecido. Después se sabría que fueron entregados por la Policía a la delincuencia organizada. Para evitar un escándalo mediático, Duarte ordenó ocultar los cuerpos y sólo dejar seis, pues ya se había filtrado una fotografía parcial del hallazgo en medios de comunicación. Tiempo después Bermúdez aseguró que fue torturado y amenazado para dar esta declaración. Así las cosas.
|
