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XALAPA.- México tendrá un nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción, el cual se basará en 10 ejes pilares, a partir de la transformación de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro. De acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es empezar a separar el poder político del poder económico. “¿Eso qué significa? Que el gobierno, en lugar de preocuparse por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, mejor ve por el bien del pueblo”. De acuerdo con lo planteado por Raquel Buenrostro, se transitará de un enfoque correctivo con base en estándares internacionales, a un esquema preventivo. En ese tenor, se detalló que será un trabajo cercano y oportuno con la sociedad, servidores públicos y el sector privado. Con base en estos estándares, la secretaria presentó: Los 10 Pilares de la Prevención y el Combate a la Corrupción. Los pilares estarán divididos en dos enfoques: Buen Gobierno y Anticorrupción. Buen Gobierno: 1, dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas; 2, dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios desde un inicio; 3, modernizar a la APF para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño; 4, consolidar compras públicas transparentes, a precios justos, que fomenten proveeduría nacional, mipymes y sostenibilidad ambiental; 5, transparencia proactiva; 6, sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción. Anticorrupción. 7, enfocar a los OlC en áreas de mayor impacto y relevancia; 8, fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público y privado, y garantizar su confidencialidad; 9, realizar investigaciones que inhiban la corrupción y 10, combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla. Raquel Buenrostro también dio a conocer que durante los 100 días de gobierno, la secretaría que encabeza trabajará en colaborar con la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda y otros sectores clave para reestructurar la administración pública, buscando una mayor eficiencia.
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