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Cortesia.
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Xalapa, Ver.-
En México más de cuatro mil 248 personas defensoras públicas y asesoras jurídicas prestan sus servicios en las diferentes entidades federativas en favor de personas vulnerables, sin embargo, es una cantidad insuficiente. La Defensoría Pública tiene la misión social de reducir las asimetrías existentes entre las personas sujetas a proceso y el Estado, especialmente cuando aquellas se encuentran en situación de vulnerabilidad, afirma el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez. Durante el 24 Encuentro Nacional de Defensorías Públicas, externó la necesidad de brindar una representación adecuada procurando colocar a las personas justiciables en condiciones de igualdad frente a su contraparte. Esta institución, dice, tiene la noble función de custodiar, dentro de un conflicto, los derechos constitucionales de la población. Ante integrantes de las 32 Defensorías Públicas del país, resalta que no es suficiente la intención honesta de la representación o el asesoramiento, sino que es necesaria la efectividad en su ejercicio, es decir, que estas acciones sean ejecutadas con el conocimiento técnico pertinente. Al dar la bienvenida a los participantes al encuentro, la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, explica que el objetivo del encuentro es intercambiar experiencias profesionales y retos institucionales, tomando en cuenta que, con su actuación, las defensorías deben procurar equilibrar las desigualdades y hacer eco de los legítimos reclamos sociales frente a la justicia. Explica que en el país, más de cuatro mil 248 personas defensoras públicas y asesoras jurídicas prestan sus servicios en las diferentes entidades federativas; y a nivel federal, se cuenta con 892 personas defensoras públicas y 319 asesoras jurídicas, cantidades que parecen insuficientes a la luz de las demandas y los grandes retos que afectan el acceso a la justicia. En su oportunidad, la directora de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sonia Venegas Álvarez, asegura que la defensoría pública es baluarte del acceso a la justicia para miles de personas y su labor está sustentada en los principios de universalidad, gratuidad y profesionalismo. El director del Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua y presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales, Héctor Armando González Mocken, señala la necesidad de que se juzgue con perspectiva económica.
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