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Xalapa, Ver.-
La ministra defensora de la 4T, Lenia Batres Guadarrama, una vez más salió a defender la reforma judicial, y afirmó que abre una nueva oportunidad de construir un nuevo sistema en la democracia, con una nueva generación de personas juzgadoras surgida del voto popular y con vocación de servicio. La togada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asegura que la enmienda constitucional permitirá corregir las fallas estructurales del Poder Judicial Federal (PJF) que permitían la reproducción de un sistema oneroso, ineficiente, discriminador y corrupto. Al participar en un foro organizado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), en Querétaro, señala que en el PJF sí tiene muy fuertes defectos estructurales que favorecen la corrupción. Asegura que por décadas el PJF se asumía contramayoritario, con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías y se definía como meritocrático, que originó un esquema jerárquico donde juezas, jueces, magistradas, magistrados, e incluso ministras y ministros asumían que merecían su puesto por su trayectoria, y no que debían ganárselos en función de sus resultados. Incongruencia total ya que, en diciembre de 2023, el entonces presidente López Obrador la designó como ministra de la SCJN por un periodo de 15 años. La afirmación de Lenia Batres se da a la par de que el Senado de la República concretara el sorteo, tómbola, para definir las 850 plazas en el Poder Judicial cuyos titulares se elegirán por el voto popular en el 2025. Por el contrario, la Junta de Jueces y Juezas Federales (JUFED) condenó enérgicamente el sorteo realizado por el Senado de la República para determinar las plazas de jueces que serán sometidas a elección popular en 2025 y 2027, al calificarlo como un proceso “humillante” y sin sustento legal; acusan al poder legislativo de violar el Estado de derecho y romper con el orden constitucional vigente.
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