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Xalapa, Ver.-
Fastidias las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, externaron su rechazo a las consultas planteadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial, pues señalan que la Constitución no es impugnable. Lo anterior, luego de que al igual que el ministro Juan Luis González Alcántara, presentaron cada uno sus proyectos respecto las consultas a trámite que presentaron integrantes de juzgados y tribunales para impugnar la reforma constitucional al Poder Judicial. Durante la sesión de Pleno de la Corte. La posición de las ministras fue en sentido contrario a lo planteado por el ministro Alcántara, ya que éste, propuso corregir "oficiosamente la vía intentada" y propuso enmendarlo para que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte, admita y de trámite, y un ministro por definir elabore un proyecto de sentencia, lo que generaría que el máximo tribunal del país intentaría echar abajo la reforma al Poder Judicial de la Federación. Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra, "en primer lugar, las personas solicitantes son jueces y magistrados del PJF, quienes se ostentan como expertos en derecho y sustentaron su pretensión en una norma que no encierra la atribución que permita a la Corte el análisis de una reforma constitucional". Un segundo motivo, señaló, fue respecto a que la solicitud se presentó antes de la promulgación de la reforma judicial y su pretensión consiste en declarar su nulidad; por lo que debe declararse improcedente al haberse consumado en forma irreparable el decreto, pues no podrían analizar lo planteado por los solicitantes sin afectar necesariamente los actos que ya se consolidaron y dieron definitividad a dicha reforma. Argumenta que el asunto es improcedente debido a que el texto de la Constitución no es impugnable, partiendo de la idea de que las normas emitidas por el Poder Reformador no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la propia Constitución ni en alguna otra ley secundaria. Mientras que la ministra Yasmín Esquivel, dice que la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho” en contra de las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo en su calidad de Poder Constituyente Reformador. Agregó que la revisión de las reformas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia equivale a agregar “una etapa más al procedimiento legislativo, previsto en el artículo 135 de la Constitución” y en arrogarse una facultad que la Carta Magna no le dio al Máximo Tribunal que es la de “enjuiciar” a la propia Constitución”. Se dice preocupada porque se está desconociendo el poder reformador de la Constitución, “me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma, es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho”, comenta.
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