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Xalapa, Ver.-
Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros y ministras avalaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) le otorga facultades al Máximo Tribunal para resolver conflictos legales que afecten la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus integrantes para poder emitir resoluciones. Tras el debate avalaron el proyecto de sentencia que proponía admitir a trámite una consulta presentada por la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed) en la que se advierte que la reforma judicial vulnera la autonomía del Poder Judicial de la Federación y la división de poderes. De acuerdo con las consideraciones que se debatieron, el Pleno del Máximo Tribunal sí tiene atribuciones para “conocer y dirimir cualquier controversia” suscitadas al interior del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales 94, 97, 100 y 101, la cual es reconocida de forma amplia por el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, por lo que la admisión a trámite de la primera consulta es solo para analizar cuál es el límite de esta facultad. Alcaran que aceptar la consulta de los magistrados todavía no implica un pronunciamiento definitivo sobre la facultad de la Suprema Corte para revisar la reforma judicial y tampoco prejuzga sobre el contenido de la propia reforma, ya que primero debe aprobar una sentencia para definir las facultades que le otorga su ley orgánica para realizar un análisis de la reforma constitucional. En contra estuvieron las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, los ministros y ministras de la Suprema Corte, a favor estuvieron la ministra presidenta Piña Hernández, el ponente González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek. Según la ministra Yasmín Esquivel, la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho” en contra de las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo en su calidad de Poder Constituyente Reformador. Agregó que la revisión de las reformas constitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia equivale a agregar “una etapa más al procedimiento legislativo, previsto en el artículo 135 de la Constitución” y en arrogarse una facultad que la Carta Magna no le dio al Máximo Tribunal que es la de “enjuiciar” a la propia Constitución”. Se dice preocupada porque se está desconociendo el poder reformador de la Constitución, “me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma, es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho”, comenta. En respuesta, el ministro González Alcántara Carrancá advierte que no se puede hablar de “arbitrariedad o el golpismo” cuando la Suprema Corte de Justicia actúa con fundamento en las leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión y de un escrito “promovido por personas que también forman parte del pueblo de México”, además de que los jueces y magistrados federales que gozan por mandato constitucional “de una garantía de independencia y de autonomía”. En este marco, recordó que integrantes de Morena y juristas del actual régimen como la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitaron en su momento revisar reformas constitucionales mediante juicios de amparo. Explica: “Sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 de 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”. Al respecto, el irracional y autoritario Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede intentar lo que sea, inclusive “pararse de cabeza”, pero no evitará que jueces, ministros y magistrados sean elegidos a través del voto popular. En entrevista, afirma que es un acto de provocación porque los ministros no tienen ninguna facultad, ninguna, para detener un proceso electoral, ahí estarían invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tampoco tiene facultades, “no las tiene nadie”, reclama.
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