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| ¿Qué es la reforma judicial? Contempla elegir por voto popular a mil 600 jueces, magistrados y nueve ministros. | ||||||
| Estas son las claves de la iniciativa que reforma al Poder Judicial, ya aprobada por el Congreso federal. | ||||||
| Miércoles 11 de Septiembre de 2024 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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¿Cuáles y cuántos cargos se elegirán por voto popular? La iniciativa de Morena plantea elegir por voto popular a 100% de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que así como la ciudadanía elige a legisladores o gobernantes, también acuda a las urnas para decidir quiénes serán ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, y juezas y jueces de distrito. “Con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, menciona la Exposición de motivos de la iniciativa presentada inicialmente por López Obrador, y que luego adecuaron morenistas y aliados con su mayoría legislativa en ambas cámaras. Una infografía del Gobierno de México para promover la reforma menciona que mil 633 magistrados y jueces serían electos en su circuito judicial. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023, al cierre de 2022 se registraron mil 647 magistrados (910) y jueces (737). México Evalúa parte de esta cifra para sumar el resto de los puestos elegibles por voto popular y calcular mil 686 cargos en juego y hasta 10 mil 152 personas candidatas. Pero en conferencia de prensa el 12 de junio en el Senado de la República, Ricardo Monreal amplió esta cifra. “Estaríamos hablando de aproximadamente mil 800 cargos, que es el total de servidores públicos que está planteado ir a elección, que son jueces, magistrados y ministros”, respondió ante los cuestionamientos. Además, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, al cierre de 2022 se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales. Es decir, las elecciones por voto popular implicarían miles de cargos y muchas más candidaturas. ¿Cómo sería el proceso de elección? La iniciativa establece que el Senado de la República emitirá las convocatorias, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán de manera paritaria hasta 10 personas aspirantes cada uno para el caso de ministras y ministros de la SCJN. De manera que la próxima presidenta y las Cámaras de Diputados y Senadores donde Morena tienen mayoría postularían a 20 de 30 candidaturas. Es el mismo proceso para elegir a magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito, sólo que cada uno de los tres Poderes postulará hasta dos personas de manera paritaria para cada cargo. Se establece que un comité de especialistas revise las postulaciones, y luego el Senado remita el listado de candidaturas a las autoridades electorales. La reforma menciona al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que propone López Obrador, en lugar del INE, para que organice la elección. Saúl Mercado, juez de Distrito en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con Residencia en Salina Cruz, considera que la elección por voto popular afectaría la independencia judicial. “Nos parece que implica una injerencia en un aspecto primordial, que es la independencia judicial, y evidentemente esto trasciende a la defensa de los derechos humanos de los mexicanos e incluso de los propios juzgadores”, menciona Mercado. Para el funcionario del Poder Judicial, la elección popular de estos cargos no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus perfiles, sino de acuerdo con su popularidad. “Se introduce este componente político en la designación de los jueces y ya no se trata de un aspecto de mérito a través de un concurso de oposición, sino que se dota de una cierta cuota de carácter político donde el Poder Legislativo va a palomear quiénes podrían participar en la elección”, agrega. El abogado y consultor Nayib Nava coincide con Saúl Mercado en priorizar los perfiles de las personas juzgadoras. Está de acuerdo en que debe eliminarse el influyentismo del proceso de designación actual, pero considera que creer que esto se va a lograr a través del voto popular puede ser contraproducente. “El poder judicial no tiene que equipararse con un poder de elección popular, porque al final sería someter a cada persona juzgadora al grupo o sector que los propuso. Esto no quiere decir que el actual proceso de selección es perfecto, sin duda debe modificarse, pero optando por el desempeño, carrera judicial y eliminando el influyentismo”, apunta Nava. Durante las campañas, las y los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión y participar en debates. Sin embargo, estará prohibido el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo pero no hay más detalles de cómo se llevarán a cabo. A pesar de esto, el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advierten: “La necesidad de asegurar votos o apoyo financiero durante las campañas electorales puede influir negativamente en el proceso de toma de decisiones, y también socavar la confianza pública en el sistema judicial”, de acuerdo con “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”. Reducir cargos y salarios La iniciativa pretende reducir a un “periodo de tiempo razonable” algunos cargos. Por ejemplo, la SCJN pasa de tener 11 a nueve ministros que ya no estarán en el cargo 15 sino 12 años; y se reducen de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y de las salas regionales, votación que podría coincidir con la elección presidencial. “Al sincronizar los mandatos judiciales con el ciclo electoral de la elección presidencial, la propuesta de reforma permitiría que las preferencias políticas y partidarias que dominan a esta última influyan también en la elección de jueces y juezas”, señala “Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”. Por una parte, los mandatos más cortos, debilitan el sistema de justicia. En un país donde los expedientes judiciales tardan años en resolverse “vamos a estar renovando a las partes más importantes del poder judicial de golpe, perdiendo el escalonamiento que garantiza la continuidad en la impartición de justicia”, señala México Evalúa. Por otra, reducir los salarios para que los ingresos de funcionarias y funcionarios también afectaría la independencia económica del Poder Judicial, según Saúl Ramos. “Las personas juzgadoras estamos limitadas a esta actividad para dedicar tiempo completo a la impartición de justicia. Una de las garantías es que contemos con un salario digno y suficiente para evitar cualquier posibilidad de una conducta indebida para obtener ingresos extraordinarios”, añade Saúl Ramos. Tribunal de Disciplina Judicial en lugar del Consejo de la Judicatura La propuesta de reforma constitucional contempla también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, que reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente este órgano se encarga de resolver sobre la designación, la adscripción, la ratificación y la remoción de magistrados de Circuito y jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura continuará con sus facultades hasta que sea creado el nuevo tribunal y sus consejeros concluirán sus funciones cuando tomen protesta las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Los especialistas entrevistados por El Sabueso coinciden en la necesidad de cambiar al actual Consejo de la Judicatura Federal, mas no de eliminarlo. “Yo creo que lo más viable es perfeccionarlo. Si se tiene que crear un órgano interno de control para el Consejo de la Judicatura, se tendrá que crear, pero sin desmantelarlo y sin iniciar desde cero”, sostiene el abogado Nayib Nava. En la reforma se establece que la disciplina del personal del Poder Judicial estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Ante este órgano se podrían denunciar hechos cometidos por funcionarias y funcionarios que pudieran ser sancionables para que los investigue. Jueces sin rostro Legisladores de Morena atendieron la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar a la reforma la figura de los “jueces sin rostro” ante casos de delincuencia organizada. Esto aunque especialistas alertaron sobre los malos antecedentes de la aplicación de este esquema en otras naciones. Por: Luz Rangel |
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