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Xalapa, Ver.- Siete integrantes del Cártel Guerreros Unidos, presuntamente relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, irán a juicio otra vez por el delito de delincuencia organizada, se trata de Miguel Ángel Landa Bahena, El Duvalín; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Agustín García Reyes, El Chereje. Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un incidente de inejecución de sentencia derivado de diversos juicios de amparo en el que los integrantes de Guerreros Unidos solicitaban la protección de la justicia federal. Sin embargo, se determinó reponer el proceso penal por el delito de delincuencia organizada en contra de los siete involucrados, a quienes en las investigaciones iniciales se les imputó haber participado en el traslado de los jóvenes a un paraje cercano a la casa de uno de los principales mandos de la organización, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, y éste les ordenó la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecer a los estudiantes. Los amparos en revisión relacionados con este caso son 203/2017, 204/2017 Y 205/2017, derivados de la sentencia dictada en la causa penal 66/2015. Desde octubre de 2018, al menos El Chereje, El Jona, El Pato, El Lucas y El Cepillo fueron dejados en libertad "por falta de elementos”, consideró el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, el cual otorgó libertad a diversos involucrados porque presuntamente fueron objeto de actos de tortura, o bien al considerar que el Ministerio Público Federal no acreditó la existencia de la organización delictiva Guerreros Unidos. El acuerdo del Pleno de la Corte ordena al juez del caso que se les dicte una nueva "sentencia en la que, al momento de realizar el análisis concreto de la causa concreto de la causa, revoque la resolución apelada y ordene la reposición del procedimiento hasta el auto de donde se tuvo cumplida la orden de captura". En el acuerdo dictado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se contempla que esta sentencia beneficie también a las víctimas indirectas, "el inicio del proceso, a fin de que estén en posibilidades de hacer valer sus derechos en el mismo, haciéndoles saber además, que de no contar con abogado que las represente, el juzgado les asignará un asesor jurídico federal con cargo al Estado". De esa manera resolvió la Corte los recursos interpuestos por los integrantes del Cártel Guerreros Unidos en contra de una sentencia emitida en su contra y en la que acusaban el supuesto incumplimiento de sentencia por parte del Ministerio Público Federal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras autoridades.
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