|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Ha faltado “voluntad política”, en este gobierno, para que se cumpla la Ley General de Educación Superior y se tenga el acceso universal y gratuito a las universidades públicas del país como se establece en ese ordenamiento jurídico, destaca el académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), de la Universidad Iberoamericana (UIA), de la Ciudad de México, Luis Mata. Se requieren alrededor de 12 mil millones de pesos, anuales, para tener la facilidad en la educación superior en el país, señala el también investigador de la UIA, explica que, ello implica que las casas de estudio “no cobren inscripción, reinscripción, ni mensualidades”, como se estableció en dicha ley. En entrevista, el Investigador de la UIA, destaca, que cuando el gobierno decida que la educación superior “es prioritaria, se podrá avanzar en el tema de los excluidos, que hoy son miles que no tienen acceso a la educación superior ni en la UNAM, ni en las UAM, IPN, así como en otras instituciones públicas de gran demanda y prestigio. Se necesita un incremento presupuestal decidido que vea tanto por la infraestructura, procesos de admisión y que mejore las condiciones laborales de los trabajadores en las IES”. Mata, especialista en temas educativos, refiere que se aprobó la Ley General de Educación Superior en 2020, en el Congreso de la Unión, y fue publicada hasta marzo de 2021. Esta ley, dijo, tiene como antecedentes, que desde 2015, y 2016 la ANUIES la impulsó. “Esta Ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, y por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y da un marco robusto para el desarrollo de la educación superior. Pero ha tenido problemas fundamentalmente en la implementación. Su principal problema ha sido el financiero, dado que los recursos económicos para su correcto cumplimiento siempre han estado sujetos a disponibilidad presupuestal”. Otro problema asociado a esta ley, precisa el investigador, es lo que tiene que ver directamente con la multiplicación de los sistemas educativos que existen en educación superior. El investigador insiste que el principal reto para la aplicación de la Ley tiene que ver con asignación de presupuesto y de coordinación para efectos de su implementación.” No es que no haya recursos, lo que hace falta es voluntad política y destacar cuáles son las prioridades del gobierno en turno”, señala.
|
