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Xalapa, Ver.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó sus propuestas para la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) mientras que en el Senado de la República iniciaba su discusión. En un video compartido en las sociales del PJF, el domingo, Piña expresa: “La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende”, al dirigirse a los legisladores federales y a las autoridades de sistemas de seguridad y justicia, haciéndoles un “llamado respetuoso, pero firme”, a “cambiar las cosas”. Expresó: “Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México”. Durante el mensaje la ministra estuvo acompañada de tres de sus 10 compañeros ministros, de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, y de la consejera Lilia Mónica López Benítez y los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez. La titular del PJF presentó dos propuestas que buscan incidir en la minuta de reforma. Uno es producto de testimonios de miles de personas recopilados en los 14 foros nacionales Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia; el segundo nace de los foros La reforma en voz de la Judicatura, elaborado por jueces y magistrados. “A partir del compromiso que asumí ante la ciudadanía y las autoridades nacionales, hoy pongo sobre la mesa propuestas concretas para un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”, señala sobre la primera propuesta. Del segundo documento, expuso surge desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia. De acuerdo con Piña, “Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Se atienden y se retoman muchas de las preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil, cuya mirada crítica y realista se alimenta día a día en su incansable labor por defender a personas vulnerables y oprimidas por la discriminación y la violencia”.
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