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Xalapa, Ver.- De concretarse la Reforma al Poder Judicial de la Federación, podría derivar en decisiones judiciales influenciadas por intereses electorales e influencias externas contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir el Poder Judicial, asume la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Y es que la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros, introducirá un riesgo significativo de politización en la administración de justicia, comprometiendo la independencia judicial, En comunicado, los hombres de negocios expresan que en que se debe fortalecer la carrera judicial enfocándose en el mérito y la formación continua, respaldado por comisiones de selección independientes y transparentes que prevengan la politización y la influencia de grupos de poder en estos cargos. Además, de implementar evaluaciones periódicas y colaborar con organismos internacionales para asegurar que los estándares de independencia judicial se mantengan elevados y libres de presiones externas. Por ello, los hombres de negocios insisten en que, quienes ocupen tan alta responsabilidad, sean los de mayor mérito. Manifiestan preocupación de que la iniciativa no atienda las problemáticas de los poderes judiciales estatales, donde se resuelve la mayoría de los juicios en México. No garantiza que estos tribunales cuenten con los recursos adecuados y suficientes, además de la formación continua para los jueces. Los empresarios puntualizaron la urgente necesidad de acompañar la propuesta de fortalecimiento con un robusto apoyo a las fiscalías, que dependen del poder ejecutivo Estatal y Federal, responsables de la investigación y persecución de los delitos. A la iniciativa de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad superior incluso a la SCJN, la Coparmex propuso que cualquier nuevo órgano disciplinario esté compuesto por expertos seleccionados a través de un proceso meritocrático y transparente, evitando así la influencia política y asegurando la imparcialidad en la administración de justicia. Dicho órgano disciplinario no deberá situarse por encima de la SCJN, sino que debe fortalecer el proceso disciplinario dentro del marco del Poder Judicial, asegurando que las decisiones disciplinarias sean justas y estén alineadas con los más altos estándares de imparcialidad y autonomía judicial. Asimismo, de concretarse la reforma al PJ, se expondrá a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global. El T-MEC, en particular, requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales. Finalmente, si bien reconoce la cámara empresarial la necesidad de una reforma al PJ; resulta grave que todos los jueces federales y locales sean destituido por un grupo hegemónico en un periodo de tres años. La reforma tendría como consecuencia la organización de procesos electorales a gran escala para la selección de aproximadamente 1,500 nuevos jueces y magistrados a nivel federal y 3,500 a nivel local. Lo que plantea desafíos logísticos significativos y requeriría una considerable asignación presupuestaria.
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