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XALAPA.- Al gobierno de Estados Unidos le preocupa que la reforma al Poder Judicial en México propicie una afectación sistémica al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destaca Kenneth Smith, especialista en comercio internacional y socio de AGON. Asimismo, asegura que el equipo de gobierno de la presidente electa, Claudia Sheinbaum, ha declarado que se mitigarán ciertos cambios constitucionales con las leyes secundarias. Actualmente en el Congreso de la Unión avanza una reforma que permitiría la elección por voto popular de todos los jueces de México, además de otra iniciativa que propone la desaparición de varios órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Smith expone que en el Capítulo 29 del T-MEC se establece un principio básico relacionado con el Poder Judicial, en el que los tres países se comprometen a tener una serie de reglas comerciales, pero también un marco constitucional que permita cumplir con sus respectivos compromisos. Argumenta que “Ahí se señala que cualquier acto de gobierno que pudiera afectar los compromisos del Tratado puede ser revisado por tribunales imparciales y procesos judiciales que estén separados del Poder Ejecutivo y de las autoridades que tomaron a cabo las decisiones que afectan al Tratado”. En su opinión, sí hay por lo tanto una mención específica del Poder Judicial en el T-MEC y por el gran impacto de la reforma en México ha surgido la “reacción más fuerte” por parte del gobierno de Estados Unidos a lo largo del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “No vimos una reacción así ni con la primera vez que impulsó la reforma constitucional en materia de energía el presidente López Obrador”, agrega Smith al participar en la Tercera Convención de la American Society de México (AmSoc), en la Ciudad de México.
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