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Xalapa, Ver.-
Juzgadores titulares de los Tribunales Laborales Federales, Colegiados de Circuito especializados en Materia de Trabajo y Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como integrantes del Poder Judicial Federal, expresaron una vez más su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial que discuten los legisladores, en los términos presentados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues señalan, incumple distintos compromisos adquiridos por el país con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En un documento entregado a las cámaras de Diputados y Senadores señala que es innegable que la elección de juzgadores por voto popular no abonaría al Estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial, y en cambio “amenazaría la histórica” relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Indica: “Un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales, asimismo, se pone en peligro la seguridad nacional pues es muy probable que con esta reforma se permita al crimen organizado irrumpir en el Poder Judicial de la Federación. Por lo que, nuevamente hacemos un llamado a las fuerzas políticas para buscar en conjunto otras alternativas de reforma que permitan continuar el progreso democrático y económico de nuestra nación”. Además, reiteran que la iniciativa de reforma judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al pretender establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. En el escrito, afirmaron que transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no sólo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral, sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que involucren intereses de inversionistas extranjeros. Asimismo, manifiestan que la enmienda provocará un retraso considerable en la profesionalización de la impartición de justicia especializada, como la laboral, más aún cuando se está en la implementación del “nuevo sistema de justicia laboral” que inició en 2019. Indica: “Ello en virtud de que a partir de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial federal ha generado criterios técnico-jurídicos en materias especializadas, asimismo, ha impulsado la capacitación continua de las personas juzgadoras a través de la carrera judicial, lo que ha permitido una impartición de justicia completa y profesional en beneficio de las personas justiciables, y a su vez ha brindado certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras que tienen lugar en el país”. El documento fue firmado por Juana Fuentes Velázquez Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Miguel Bonilla López, presidente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de las Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, Héctor Lara González, residente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de las Región Centro-Sur, con residencia en la CDMX, entre otros.
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