|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a nombre de las familias, María Antonia Muñoz Roa presentó una lista de pendientes urgentes en el estado de Veracruz, estado al que calificó como la fosa más grande del país, con más de 45 mil restos humanos hallados en 600 inhumaciones clandestinas. En ese tenor, la activista presentó un pliego de 20 puntos para las autoridades en el Poder Ejecutivo y Legislativo, que están por rendir protesta, así como al Poder Judicial y Fiscalía General del Estado. A la nueva Legislatura en el Congreso local demandaron: 1.- Convocar a una Mesa de Trabajo con las familias, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la CEDH, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda y las dependencias del Mecanismo Estatal de Coordinación, con las y los Diputados para repasar la agenda pendiente en materia legislativa e institucional. 2.- Restablecer la Comisión legislativa para atender la problemática de las desapariciones en la entidad con carácter de permanente para dar seguimiento a la implementación de la Ley 677 y a las acciones de autoridades y organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a sus recomendaciones 3.-Aprobar el presupuesto suficiente para fortalecer la capacidad institucional de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Crear por lo menos otros 3 Centros de Identificación Humana como el de Nogales y para asignar en breve, en el ejercicio fiscal 2024-2025, una partida de recursos etiquetados para la digna identificación de restos humanos y entrega a las familias. 4.- Convocar en el corto plazo, a una Mesa de Trabajo con las familias y los colectivos y actores vinculados, para analizar, revisar y consensuar la reforma legal para la selección de las personas consejeras del Consejo Estatal Ciudadano, cuya iniciativa se presentó el 11 de agosto de 2022 por la actual Comisión Permanente de Gobernación. 5.- Garantizar la renovación inmediata de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano mediante el procedimiento que mandate la reforma consensuada a la Ley 677, derivada del punto anterior. 6.- Organizar y convocar a la realización del Foro ciudadano y de consulta a familias, colectivos, personas expertas, organizaciones de la sociedad civil, Consejo Estatal Ciudadano y dependencias y organismos del Mecanismo Estatal de Coordinación a fin de revisar y consensuar las reformas indispensables y funcionales que requiere la Ley 677. 7.- Realizar consultas con personas activistas y defensoras de Derechos Humanos y pertenecientes a las comunidades indígenas del estado, así como a las personas con discapacidad para poder incluir lo relativo al Enfoque de Interculturalidad y de Discapacidad en la Ley 677. 8.- Realizar una revisión y reformas consensuadas a las leyes y ordenamientos vigentes a nivel estatal, a fin de armonizarles con la renovada Ley 677. 9.- Cuando sean los tiempos legales, tomar en cuenta y consultar a las familias y colectivos para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y de la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas. Al Gobierno del Estado entrante: 10.-. Establecer una Mesa de diálogo y consultas con carácter permanente para escuchar y atender las demandas de las familias y colectivos. 11.- Consultar a las familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas los perfiles de las personas que serán titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. 12.- Dotar de suficientes recursos materiales, humanos y financieros a las dependencias del gobierno que son parte del Mecanismo Estatal de Coordinación para que cumplan son su trabajo en las labores de búsqueda en campo y búsqueda en vida, acorde a un Plan de Búsqueda establecido y consensuado. 13.- Implementar un Plan de prevención del delito de desapariciones de personas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. 14..- Elaborar con familias, colectivos y demás actores involucrados, el Reglamento de la Ley 677. 15.- Generar campañas de difusión para dar a conocer la Ley 677 y sus principales reformas. 16.- Ampliar y fortalecer las campañas de sensibilización social y en los medios de comunicación y redes sociales, para abatir estereotipos y la normalización del delito; para evitar la discriminación y revictimización de familiares y personas desaparecidas. A la Fiscalía General del Estado: 17.-Mantener un diálogo permanente, respetuoso y eficaz con familias y colectivos. 18.- Elaborar los Protocolos en materia de Identificación Humana. 19.- Elaborar el Protocolo para búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes e investigación, con Perspectiva de Género y Perspectiva de la Niñez. Al Poder Judicial del Estado: 20.- Considerar la posibilidad de la designación de un área específica de Enlace para orientar y dar atención a las familias y colectivos en materia de Declaración Especial de Ausencia. Los familiares de personas desaparecidas señalaron que toda decisión del Poder Ejecutivo estatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos autónomos en materia de víctimas y personas desaparecidas debe ser del conocimiento y bajo consulta a las familias y colectivos de familiares, sin ninguna condición ni pretexto. “Gobiernos van, gobiernos vienen, pero ellas y ellos, no aparecen porque no ha existido la determinación de brindar toda la capacidad del Estado para la búsqueda, la investigación, la restitución, la verdad, la justicia y la dignidad, tanto a las víctimas como a las familias”, lamentaron. En el mismo sentido, alertaron que no permitirán que se sigan condicionando apoyos y derechos y, manipulando su dolor, esperanza y causa para beneficio de partidos, grupos políticos ni personajes públicos. “Quienes se van deben rendir cuentas de cara a la ciudadanía y a las familias, quienes llegarán a ocupar sus espacios de poder tienen la responsabilidad y la obligación de destrabar lo que dejan pendiente, corregir yerros, respaldar a las familias y entregar resultados. No más engaños, no más dilaciones, no más indiferencia, no más siembra de discordias entre las familias. Las y los familiares y colectivos tenemos la sólida decisión de hacer valer nuestros derechos y seguir luchando en las calles, tocando todas las puertas y alzando las voces hasta que las autoridades hagan su trabajo y cumplan”.
|
