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XALAPA.- Ante la indolencia oficial que pareciera burla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a cumplir con su obligación de establecer todos los medios tecnológicos, científicos y humanos a su alcance en las labores de búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, para garantizar el derecho a la verdad en favor de sus familias, y resaltó también la importancia de la puesta en práctica de políticas públicas integrales “que permitan la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la confianza en las autoridades y principalmente la generación de condiciones sociales y culturales que nos permitan acabar de una vez por todas con estas deleznables prácticas”. Refrendó su compromiso con “la defensa del pueblo y la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la memoria”. La CNDH refirió que durante la presente administración creó la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado durante el Pasado Reciente, la cual “documentó y continúa sus investigaciones sobre cómo operó la violencia política de Estado mexicano, a través de documentos y testimonios que han quedado plasmados en las recomendaciones General 46/2022 y por Violaciones Graves 98VG/2023”. Señaló que dicha Oficina reconoció que en el pasado la violencia fue perpetrada por el Estado y dirigida desde la investidura presidencial y por el Estado Mayor Presidencial. “Dicha violencia política se ejerció de manera sistemática desde la década de los años cincuenta y hasta la 2016; que durante este largo periodo esta violencia política que utilizó sistemáticamente la desaparición forzada en contra de los opositores y disidencias del régimen, fue cambiando de estrategias y formas de operar, siempre violentando los derechos humanos y buscando el exterminio físico, simbólico y social de una alternativa de proyecto de nación”, expone. Indica que, durante “la mal llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’ declarada por (el ex presidente) Felipe Calderón Hinojosa, su uso se expandió, siendo ya no focalizada en contra de la disidencia, sino que, como está documentado por la Comisión Nacional, desde 2008 y 2011 se recrudeció la violencia en contra de la población usando de pretexto la guerra contra el crimen organizado que dejó millones de víctimas, presentados como ‘daños colaterales’”. Desde entonces, mencionó, “el fenómeno se diversificó y ahora es usado por particulares como parte de las consecuencias de la falsa lucha en contra de la delincuencia organizada”. Hoy, afirmó, “por primera vez, la sistematicidad de la desaparición forzada, crimen que únicamente puede ser cometido por servidores públicos, ya no proviene de las autoridades del Estado. Sin embargo, la desaparición de personas cometida por particulares requiere que el Estado cumpla con su obligación de buscar y dar certeza del paradero de las personas desaparecidas a sus familias”.
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