De Veracruz al mundo
Crecen denuncias contra el magistrado Rodríguez Maldonado, por acoso laboral y maltrato… Pero hay decenas de casos similares .
Viernes 30 de Agosto de 2024
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Trabajadoras al interior de los distintos tribunales del país denuncian que han sufrido actos de violencia en un espacio que, se supone, debería ser seguro y desde donde se imparte justicia para millones de mexicanos. Tal es el caso del magistrado Roberto Rodríguez Maldonado, quien fue acusado de acoso laboral. Un grupo de empleados del tribunal relataron que los obligaba a trabajar en horarios excesivos, sin causa justificada. Algunas de las referencias citadas en el expediente en su contra son: “Los humillaba, denostaba, ofendía, gritaba, les tronaba los dedos y los exhibía delante de los demás, aventaba proyectos, golpeaba la mesa de trabajo y azotaba papeles contra el escritorio”. Un visitador del Poder Judicial entrevistó a 25 empleados, quienes lo describieron con frases como: “Era muy ofensivo, empezó a gritarme ‘inepto’”; “como siempre, mi trabajo dejaba mucho que desear”; “cuando pasaba por la firma escuché en varias ocasiones que era ineficiente, inútil, que se saliera a lavar la boca porque le apestaba”. Una mujer que trabajaba en el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones narra que le tronó los dedos y le gritó: “¡Te estoy hablando, voltéame a ver!”. En marzo de 2022, la Comisión de Disciplina del Poder Judicial decidió una inhabilitación temporal a Rodríguez Maldonado por tres años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De acuerdo con una investigación de Milenio, un centenar de empleados judiciales han denunciado golpes, acoso laboral y/o sexual, nepotismo, extravío de expedientes, descuido de funciones, dilación en la integración de expedientes, robo de documentos o falta de profesionalismo. Una buena tanda de estos empleados ha sido sancionados por no presentar su declaración patrimonial. De 2019 a la fecha, 55 de estos funcionarios fueron castigados con inhabilitaciones definitivas o temporales, amonestaciones públicas o apercibimientos privados. Los otros 45 no fueron sancionados.

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