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XALAPA.- El fracaso de las instituciones avocadas a suministrar medicamentos a los ciudadanos, es reflejo de la realidad mexicana. Doña María de Lourdes y su esposo gastan por lo menos la tercera parte de su pensión de adultos mayores en medicamentos. Ella tiene 67 años y es diabética; él, de 70, padece presión arterial y otras afecciones del corazón. Ahora viven con la incógnita de comer o comprar medicamentos. La historia de esta pareja de Iztapalapa, es reflejo de la realidad de muchos mexicanos de edad avanzada, ejemplifica los hallazgos de un seminario sobre Derecho y Medicina realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, cuyo tema central fue el impacto a la salud colectiva por el drástico aumento en los precios de medicamentos durante el presente sexenio. Conforme a los datos revelados durante el encuentro “Análisis jurídico del control de precios de medicamentos”, el costo de las medicinas más usadas por los mexicanos, tanto para las enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, cáncer e hipertensión) como para las cotidianas (respiratorias y gastrointestinales) se incrementaron entre 200 y 300 por ciento del 2020 a la fecha. “La fosfomicina 200 por ciento, el ácido clavulónico 250 por ciento; los antibióticos en lo general y varios medicamentos para controlar el cáncer, los quimioterápicos, como fluorouracilo o vincristina entre 200 y 300 por ciento”, explica Rubén Fernando Cano, único médico en el staff de investigadores del IIJ. Señala: “Sabemos el acto fallido que fue el Insabi, y cómo ha sido reclamado a otras instituciones del sector público la omisión o negativa de suministrar medicamentos”. María del Pilar Hernández, otra investigadora del Instituto cuestiona: “El Insabi fue descontinuando, ¿cuánto duró el experimento?, ¿cuánto duró el Frankenstein? Lo que duran las ocurrencias”. En México, el control del precio de medicamentos es asunto olvidado. No hay alguna dependencia dedicada a esta tarea. De acuerdo con datos citados por la investigadora Pilar Hernández, 50.4 millones de mexicanos no cuentan con servicios de salud y, por tanto, no cuentan con medicamentos. Y en el último reporte generado por el Colectivo Cero Desabasto (10 de junio de 2024), se revelaron casi 7 millones 504 mil recetas sin surtir en los diversos subsistemas de salud en el país. Además, en 2023 las quejas de pacientes ante la CNDH por el no suministro de medicinas subieron 6 por ciento. La Crónica revela una lista de medicamentos que elevaron su precio de forma estrepitosa: Metronidazol (antibacteriano utilizado para diversas infecciones): 200 por ciento. Isoniazida y Rifampicina (fármacos para el tratamiento de la tuberculosis): 150 por ciento. Moxifloxacina (antibiótico): 200 por ciento. Amoxicilina (antibiótico): 250 por ciento. Fosfomicina (antibiótico): 200 por ciento. Ácido Clavulónico (inhibidor): 250 por ciento. Fluorouracilo (usado contra el cáncer): 200 por ciento. Vincristina (usado contra el cáncer): 300 por ciento. Metrotexato (antirreumático): 250 por ciento. Ciclofosfamida (utilizado contra el cáncer y enfermedades renales): 300 por ciento. Biomesina (trastornos gastrointestinales): 200 por ciento. Clonazepam (sedante y anticonvulsionante): 200 por ciento. Atenolol (presión arterial): 300 por ciento. Ambroxol (expectorante): 250 por ciento. Metadona (adicción a narcóticos y dolor intenso): 300 por ciento.
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