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XALAPA.- No les falta razón a los empresarios adheridos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuando asumen que, la inclusión de defraudación fiscal al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa derivará en un uso indebido de esa figura. En ese sentido, la cámara empresarial externa su preocupación por la reciente reforma al artículo 19 de la Constitución (aprobada este 13 de agosto), la que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). Entre las modificaciones aprobadas se incluyeron la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros y, además, se incorporó una reserva para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas. Los socios de Coparmex afirmaron que al incluir el delito de defraudación fiscal resultará en un uso indebido de esa figura y, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, restringirá la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas. Los hombres de negocios externaron su preocupación por el impacto potencial de esta reforma, debido a que no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también estableció un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto. La Coparmex recordó que el pasado noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó al Estado mexicano eliminar la PPO, por vulnerar los derechos humanos y contradecir el principio de presunción de inocencia. En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
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