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XALAPA.- A juzgar por el destino de sus dos antecesores en el cargo, todo parece indicar que la permanencia de Verónica Hernández Giadáns, al frente de la Fiscalía General del Estado, penderá de un hilo a partir de diciembre próximo. Y es que, si bien la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen que cada fiscal debe estar al frente de este organismo autónomo nueve años, con cada cambio de administración estatal los titulares de la FGE han sido removidos, y dos de ellos enfrentan procesos judiciales por delitos como desaparición de personas. Así las cosas, en medio de escándalos de corrupción, aprehensiones y procesos judiciales, en los últimos nueve años en Veracruz han sido nombrados tres fiscales generales, a pesar de que por ley el primero de ellos, Luis Ángel Bravo Contreras, tendría que haber permanecido en el cargo hasta este año. En ese tenor, la declaración de la gobernadora electa Rocío Nahle García, sobre revisar la permanencia en el cargo de la actual fiscal abrió de nueva cuenta el debate sobre los cambios en ese organismo. Al respecto, abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que más que el tiempo en el cargo, lo que se debe revisar es que la actuación del titular de la Fiscalía sea verdaderamente autónoma y no dependa del Ejecutivo, pues esto afecta a la justicia y los ciudadanos y pues, en ese rubro, Hernández Giadáns ha dejado mucho que desear. En principio, porque como bien asegura el abogado Tomás Mundo Arriasa, lo que ha ocurrido en Veracruz es el uso de la Fiscalía y del Poder Judicial como “brazo ejecutor” del gobierno en turno. “Todos los gobernadores que han llegado han visto en la Fiscalía y en el Poder Judicial ese brazo ejecutor. Veracruz no se salva y ha seguido la misma regla desde que se instituyó la independencia de la Fiscalía y entonces los ejemplos abundan, con Luis Ángel (Bravo), con (Jorge) Winckler y Verónica Hernández”. Por lo anterior, el jurista consideró que la propuesta de la gobernadora electa, Rocío Nahle García, de revisar el trabajo de la actual fiscal general, es positiva, y se debería extender a las titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Poder Judicial. “Estoy completamente de acuerdo con lo que dice la gobernadora electa, de revisar el papel de la fiscal general y agregaría el trabajo de la fiscal de Anticorrupción y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Veracruz merece una mejor justicia”, aseguró. El abogado litigante acusó que actualmente el estado tiene al peor Tribunal Superior de Justicia y la tercera peor Fiscalía en el país, de acuerdo con el informe 2023 del World Justice Project e Impunidad Cero. “Hay que revisar el papel de estas tres funcionarias porque le han quedado a deber a la justicia federal; mientras sigan buscando esos perfiles a comodidad, en donde el fiscal que eligen provenga de un compromiso donde lo que menos tiene es autonomía, va a pasar esto. Por querer quedar bien están resolviendo casos violentando los plazos procesales, las garantías más elementales”, acusó. Mundo Arriasa dijo que en Veracruz hay 98 por ciento de impunidad en los delitos y que esto es muestra de un deficiente trabajo. Refirió que los titulares de la Fiscalía deben ser expertos en Derecho Penal y “no llegar a aprender” en el cargo. “Que haya voluntad política para buscar a gente no allegada al poder sino gente con conocimiento pleno de lo que es el Derecho Penal. Pero por supuesto que es difícil por esa seducción del poder de tener a gente incondicional en estos brazos ejecutores”, lamentó. En 2015 la entonces Procuraduría de Justicia del Estado se convirtió en Fiscalía General del Estado (FGE) y el primer fiscal fue Luis Ángel Bravo Contreras, luego de haber sido nombrado como procurador por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. Bravo debía permanecer en el cargo hasta el 2024, pero con el cambio de administración y la llegada del panista Miguel Ángel Yunes Linares, en octubre de 2016, fue señalado por desaparición forzada y corrupción. El 29 de noviembre presentó su renuncia y en julio de 2018 fue detenido por los delitos de corrupción y abuso de poder. En medio de este proceso, en 2016 fue nombrado Jorge Winckler Ortiz como fiscal general. Antes había fungido como abogado de la familia Yunes y su llegada a la Fiscalía fue criticada por su cercanía con los panistas. Se mantuvo en el cargo hasta 2019, pues tampoco sobrevivió al cambio de administración estatal ya que fue destituido tras acusaciones de abuso de poder y falta de independencia en su gestión. En 2022 fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, acusado de tortura y privación ilegal de la libertad en contra de un escolta de su antecesor, el exfiscal Luis Ángel Bravo. Por su parte, la integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Anaís Palacios, afirmó que en Veracruz ha habido más persecuciones políticas que evaluaciones serias sobre el desempeño de los fiscales. “Hay que reconocer que las fiscalías tienen autonomía respecto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el nombre. En Veracruz vivimos durante muchos años la dependencia de la procuraduría del Poder Ejecutivo y una vez que se nombró al primer fiscal hemos visto más persecuciones políticas que evaluaciones serias sobre el desempeño de las fiscalías, de tal manera que se han tenido tres fiscales desde 2015 a la fecha. Dos de ellos fueron vinculados a proceso y uno de ellos está preso”, recordó. Dijo que si bien es sano evitar que los funcionarios se “eternicen” en los puestos, lo importante es que el tiempo que duren en el encargo brinden resultados en la investigación de los delitos. “Que brinden alternativas para la participación ciudadana efectiva, para la mejora en la calidad de los procesos de acceso a la justicia y porque las carpetas de investigación estén correctamente integradas. Que no haya constante rotación de personal, que haya especialización en los casos además de trato respetuoso y diligente”, reclamó. Palacios refirió que se debe revisar el trabajo de los fiscales pero no por asuntos políticos sino para mejorar sus actuaciones. “La intención de evaluar a la Fiscalía actualmente por un asunto político sale totalmente de los parámetros legales y del comportamiento esperado de una política que está a punto de asumir un cargo de tal importancia”, dijo sobre las declaraciones de la gobernadora electa. Refirió que en el caso de las desapariciones de personas lo que se espera es que la “trilogía investigadora” busque a las personas desaparecidas, actúen con inmediatez en las diligencias básicas para localizar a una persona, que a través del análisis de la información den líneas de investigación acordes al caso y libres de discriminación y de criminalización. “Que se dé información a las demás instituciones que participan en la búsqueda sin obstaculizar el desempeño de sus funciones, que se dé la gestión e identificación de las personas que se encuentran sin identificar en los servicios forenses”, planteó. Agregó que lo que se espera es que haya continuidad, “pero no en los errores, sino en aquellas faltas impostergables que se han tenido en la procuración de justicia y en la investigación de los delitos, que han sido mantenidas o por asuntos políticos o por falta de presupuestos dignos y bien manejados para las enormes responsabilidades que tienen las fiscalías y las personas que están al frente en las distintas áreas”. Así las cosas.
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