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XALAPA.- Los juzgadores del país acudirán a instancias internacionales, realizarán un paro nacional y realizarán “acciones de resistencia” si el Congreso de la Unión aprueba en sus términos la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF): Durante el Foro Nacional Justicia Pronta y Expedita, celebrado este miércoles en la Ciudad de México, el magistrado Doctor Froylán Muñoz Alvarado, secretario de la Organización de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) comunica que ya “estamos trabajando” en agotar las vías nacionales para prevenir cambios como los que propone la actual propuesta de reforma presidencial. Explica que, de no contar con un recurso nacional efectivo, el siguiente paso será acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y si no prospera la demanda, se acudiría a la instancia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En el foro organizado por la ANDD y otras organizaciones de abogados y juzgadores, expresa: “Solamente tenemos tres (escenarios): la primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político, en el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes; y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia, el cómo mantener esto”. Previamente, el también exdirector nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que la actual propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera principalmente la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía judicial. La magistrada Emilia Molina de la Puente advierte que si se aprueba la iniciativa de elegir por el voto popular a los más de mil 700 jueces, magistrados y ministros, y esto se replica en los estados sobre los más de 5 mil jueces locales, “desperdiciaríamos a alrededor de 7 mil personas juzgadoras con experiencia”. Ricardo Amezcua Galán, exdelegado de la Benito Juárez y actual consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX, calcula que las elecciones para elegir a los más 700 juzgadores federales del país y la indemnización para los salientes costaría más de 20 mil millones de pesos. Lo anterior, aclara, sin contemplar a jueces locales. “Por qué ese dinero que se va a gastar en la indemnización de sacar a la gente que ya tiene todos estos conocimientos teóricos y prácticos los gastamos mejor en más edificios para que tengamos más jueces y más impartición de justicia y mayor preparación. Es demasiado dinero. Más o menos llegaré a una conclusión de más de 20 mil millones de pesos que se hará entre las elecciones e indemnizaciones”, dice.
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