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Xalapa, Ver.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprueba el dictamen de reforma al artículo 123 constitucional, para incluir en la Constitución el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar que los trabajadores bajo el régimen de ahorro individual de 1997 tengan una pensión garantizada de al menos 16 mil 777.68 pesos al mes. También se aprobó el dictamen que eleva a rango constitucional los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que las personas de entre 18 y 29 años que no tienen empleo ni están cursando algún nivel educativo reciban durante un año un apoyo mensual de al menos un salario mínimo. Para Morena, con esta reforma –que será discutida en el pleno por la siguiente legislatura que inicia en septiembre- se deja atrás “la concepción neoliberal de que las pensiones son un producto financiero”. PAN y PRD argumentaron durante el debate que el pago complementario al fondo incluye “trampas”, pues prevé fuentes no recurrentes de financiamiento al fondo, como las deudas de los estados con el Servicio de Administración Tributaria o las utilidades que administran las fuerzas armadas como el Tren Maya, Mexicana y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al inicio de la discusión, la diputada priista Laura Haro resaltó que lo previsto en los artículos transitorios constituyen un “dardo envenenado”, porque el fondo no tendrá viabilidad financiera y se considera que se complemente con recursos obtenidos, por ejemplo, de la extinción de los órganos autónomos, reforma que aún no se vota. La comisión aceptó reservas a discusión. La mayoría de Morena y sus aliados desechó las de la oposición y avaló una del morenista Rosendo Medina, para garantizar el derecho de una pensión por vejez, y para suprimir los transitorios donde se prevén las fuentes complementarias de financiamiento, pero porque éstas ya están previstas en la reforma legal de abril que constituyó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La única modificación al documento –que fue aprobado por 38 votos a favor y sólo una abstención— fue producto de una reserva presentada por Morena, para que la edad de los beneficiarios se escribiera con letras y no con números. Esto es, en vez de definir la edad “de 18 a 29 años”, se cambió a “de dieciocho a veintinueve años”. De acuerdo con la comisión, el propósito de adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, es que los jóvenes beneficiarios de este apoyo “se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.” El dictamen avalado esta noche por todos los grupos parlamentarios, resaltó que, aunque las personas de ese rango de edad representan casi 20 por ciento de la población nacional, no han recibido atención suficiente por parte de los gobiernos anteriores, como –afirmó- se demuestra con datos de la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico, respecto de que en el periodo 2006-2012 México fue el tercer país a escala mundial con más jóvenes desempleados y sin educación.
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