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XALAPA.- Padres de algunos de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, encabezados por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), comenzaron el miércoles una jornada de búsqueda en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Mientras que el grupo mayoritario de familiares de los 43 normalistas decidieron no participar al considerar que se trata de una “acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al Ejército mexicano frente a los señalamientos de su responsabilidad” en la desaparición de los jóvenes en 2014. Estas diligencias, fueron decididas “de manera unilateral” en la reunión que sostuvieron el lunes pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron. Los padres y madres de los jóvenes, representados por el abogado Vidulfo Rosales y los centros de derechos humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro, mencionaron que el titular del Ejecutivo federal dio instrucciones al subsecretario de Derechos Humanos para realizar la búsqueda en las instalaciones militares, ante el señalamiento de un testigo que afirma que 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados en ese lugar y posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos. Sin embargo, en una carta que compartieron las organizaciones que los acompañan, aseguran que esta decisión “no fue consultada ni consensada” con ellos; por el contrario, sostuvieron que “no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia” en el encuentro del lunes pasado. El Comité de madres y padres de los 43 afirma que “ningún sentido tiene buscar en esas instalaciones militares”, toda vez que en 2019 ya se había realizado una búsqueda en el 27 batallón “sin éxito alguno”. Señalan que “no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar”. En este sentido, delimitaron, el testigo “es claro al referir que los 25 estudiantes que estuvieron temporalmente en el batallón mientras eran torturados, después fueron sacados y entregados” al grupo delictivo antes mencionado, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Las familias de los estudiantes señalan que la asistencia del grupo minoritario de familiares, “confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones”, por lo que reprobaron estas prácticas “añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”. La jornada de búsqueda dicen “es una acción desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un Ejército que tenía vínculos” con Guerreros Unidos, además de que “supo en tiempo real lo que ocurría con nuestros hijos y ha ocultado información relevante del caso”.
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