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Diputada local del PVEM y ex alcaldesa de Tamiahua, observada por la ASF, denuncia daño patrimonial de 16 mdp.
Jueves 01 de Agosto de 2024
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Vaya caso, como si se tratara de una vendetta política, la ex alcaldesa de Tamiahua y actual diputada local por el PVEM. Citlali Medellín Careaga, ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Y es que, la legisladora denunció que el presunto daño patrimonial en el municipio de Tamiahua, que encabeza la alcaldesa Linda Guadalupe Rodríguez Torre, asciende a casi 16 millones de pesos. La diputada local explicó que 15 millones corresponden al ejercicio fiscal 2022 y 800 mil pesos por la construcción de letras monumentales con las que supuestamente la alcaldesa dio su nombre a "Playa Linda", cuando debería ser "Playa Norte". Todas estas cifras, aseguró Medellín, tendrán que ser observados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis); "es lamentable lo que ocurre en Tamiahua, son muchos desaciertos que esta administración ha tenido", aseguró. También dio a conocer que la cantidad de 15 millones de pesos no ha logrado ser solventada y ya se acerca la aprobación de la Cuenta Pública 2023, donde considera que podría haber daño patrimonial. Señaló que otra de las quejas es lo relacionado con la basura, por lo que no hay limpieza en este municipio, situación que ha ahuyentado al turismo. Lo malo es que la diputada local del Partido Verde ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pues habría que recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, de acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública 2021, cuando Medellín Careaga era presidenta municipal de Tamiahua, presentó un posible daño patrimonial por más de 9 millones 107 mil 660 pesos, en la adquisición de bienes y contrataciones de servicios en su último año de administración municipal. “Se presume un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de 8 millones 272 mil 530 pesos, correspondientes a pagos de 119 trabajadores sin categorías autorizadas en el tabulador; 37 trabajadores que excedieron los montos tabulares autorizados y 78 trabajadores por conceptos registrados como «ayudas sociales» relacionados con la prestación de servicios sociales comunitarios de los que no existe justificación ni autorización del recurso de origen federal”, aseguró la ASF. En el apartado de Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, también señaló que encontró que la expresidenta municipal contrató a una empresa para el servicio de timbrado de nómina de enero a diciembre 2021 sin presentar información legal, padrón de proveedores o evidencia de haber realizado algún procedimiento de adjudicación. Por lo anterior, el órgano solicitó iniciar un procedimiento por dichas irregularidades, derivado de la revisión de este contrato también se encontró un probable desvío de recursos por un monto de 287 mil 100 pesos, por realizar pagos sin contar con la evidencia documental de los servicios prestados. En ese mismo concepto se detectó la adquisición de combustible y prestación de servicios de timbrado de nómina, un probable daño al erario por un monto de 106 mil 241 pesos, por no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Por último, en la revisión de gastos diversos sin contrato como mantenimiento de redes oficiales y difusión de actividades del Ayuntamiento, decoración para el informe de gobierno y mantenimiento de equipo de cómputo e impresión, entre otros, se presume un probable daño por un monto de 441 mil 788 pesos, por pagos sin evidencia documental. Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en su análisis de la Cuenta Pública 2021 también detectó el manejo irregular de recursos en los tres años de gestión de Medellín Careaga, reflejados en las cuentas públicas; 2019, con daño patrimonial por más de 8 millones de pesos; 2020, con daño patrimonial por más de 8.6 millones de pesos, y 2021 con daño patrimonial de 9 millones 895 mil 161 pesos. Debido a lo anterior, la actual alcaldesa, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, y ciudadanos de la localidad emprendieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y solicitaron al Congreso un juicio político en contra de la legisladora. Así las cosas, en este caso aplicaría la frase de que “la que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

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