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Xalapa, Ver.-
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, planteó a la Cámara de Diputados considerar que el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros requiere “un presupuesto acorde al tamaño del ejercicio”, compara sería “más o menos como una elección presidencial”. Menciona que no se puede precisar un presupuesto de un proceso electoral si todavía no están definidos cuántos cargos estarán a disputa, el número de boletas, casillas y si será solo en una demarcación o en todo el país. En una participación de casi media hora en la cámara, dice: “El presupuesto no es caprichoso, algo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad de llevar un proceso de esta magnitud. No podemos hacer un proceso electoral con menor requisito y rigor que el que ya está acostumbrado a tener el país para la elección de los otros dos poderes de la Unión”. Al participar en el séptimo foro para analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia de elección de integrantes del Poder Judicial, Taddei pide a los legisladores considerar que al documento se deben “agregar condiciones técnico operativas” que garanticen un proceso adecuado. Taddei señala que aún debe responder cómo trasladar el proceso para elegir al Congreso y al Ejecutivo al planteado por la iniciativa, y si será o no concurrente con los procesos políticos. Pregunta a los legisladores, por ejemplo, la duración de las campañas, si serían fiscalizadas, cuántas casillas se instalarían, el número de boletas y la organización de los nombres de los candidatos; si además habría capacitación a funcionarios de casilla, cuántas de éstas tendrían que instalarse y si en cada una habría representación de los participantes. La consejera presidenta del INE ofrece un repaso de la historia del organismo, una explicación de sus funciones, e incluso del padrón y el listado nominal. “El INE está facultado para procesos electorales hasta este momento de los poderes. Estamos enfrentando la adición con el principio de acceso a la justicia de todos los ciudadanos mayores de edad en posibilidad de elegir, de acuerdo a lo presentado por la iniciativa”, expone. Si la iniciativa es aprobada por el Congreso, dice, se debe definir desde cuándo iniciaría el proceso electivo, si se usarán tecnologías para la recepción del voto electrónico o se continuará con la votación por boleta. Vuelve a preguntar: “¿Vamos a tener funcionarios, ¿cuántos por casilla? ¿Se va a instalar el mismo número de casillas como el presidencial? ¿En qué nos podemos basar para definir cuántas casillas? ¿Vamos a ir un proceso igual al reciente o vamos a definir otro tipo de mecanismos?”, cuestiona. “¿Tendremos campañas, ¿cómo serán? ¿Cómo interviene el INE en tiempo en radio y televisión, (los candidatos) tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización, sujetos obligados? ¿Sanciones, cuáles? La cadena de impugnación, ¿quiénes serán los responsables? Al señalar que hay muchas preguntas al aire y que se necesita claridad, cuestiona de nuevo: ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿El cómputo cómo se hará? ¿Habrá representantes en las casillas y en los consejos electorales?
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