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Xalapa, Ver.- El senador Ricardo Monreal ha señalado que el costo de elección de jueces, magistrados y ministros será de entre 3,000 y 3,500 mdp; Claudia Sheinbaum dice que sería de unos 7,500 mdp y el CEC de la SCJN lo estima en 30,000 mdp. Además, el costo de las liquidaciones podría superar los 8,000 mdp. A días de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comience la dictaminación de la iniciativa de reforma al poder Judicial presentada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no hay claridad respecto del presupuesto que deberá destinarse para la elección de los nuevos ministros, magistrados y jueces, ni sobre los recursos públicos para pagar las liquidaciones de los funcionarios que serán separados de sus cargos. Sin embargo, especialistas, consideran que haya una avalancha de juicios laborales que podrían llegar hasta instancias internacionales. Ya que la iniciativa en cuestión “no tiene un impacto presupuestario adicional a lo manifestado por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, ha señalado que el costo de la elección de los ministros, magistrados y jueces será de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos y que se podrían tomar de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos del Poder Judicial, que van a ser remitidos a la Tesorería de la Federación. En tanto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo calcula que el costo será de unos 7,500 millones de pesos, aunque ha recalcado que debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) quien debe fijar el monto del costo de esa elección de esos funcionarios del poder Judicial. Sin embargo, algunos cálculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estiman que la suma podría ser de alrededor de 30,000 millones de pesos. Según el “Análisis de la iniciativa de reforma al poder Judicial en México. Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2020”, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario”, es decir unos 30,000 millones de pesos. A ello habrá que sumar el costo de las liquidaciones de alrededor de 1,600 ministros, magistrados y jueces, lo cual podría superar los 8,000 millones de pesos, si se considera que a las personas que trabajan en el servicio profesional de carrera del poder judicial les toma alrededor de 10 años para llegar al cargo y solo considerando que solo tienen esos años de antigüedad. En ese sentido, el análisis citado, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCNJ enfatiza que la propuesta de destituir a todas las juzgadoras y juzgadores en un mismo momento, genera un alto riesgo de que presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos. Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos.
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