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Xalapa, Ver.- Con base en datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios (CNSIPEE-F) del INEGI, más de la mitad de las personas sujetas a medidas cautelares en los 18 penales de Veracruz se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa (PPO). Al cierre de 2023, el 53.8% de los internos sin sentencia estaban en PPO, mientras que el 31.3% se encontraban en prisión preventiva justificada y el 14.9% bajo otros supuestos jurídicos. De acuerdo con el estudio, la prevalencia de la prisión preventiva oficiosa en Veracruz, como en muchas otras entidades, plantea desafíos significativos para el sistema de justicia, particularmente en términos de derechos humanos y eficiencia judicial. La alta proporción de internos sin sentencia refleja la necesidad de reformas que permitan un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad. En ese sentido, Veracruz es una de las 17 entidades del país donde más de la mitad de la población penitenciaria sin sentencia está bajo PPO. A nivel nacional, el Estado de México y Michoacán encabezan la lista con el 100% de su población penitenciaria sin sentencia en PPO, seguidos por Sinaloa con el 80.9%. Otros estados con altos porcentajes incluyen San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco y Jalisco, con cifras que oscilan entre el 50.3% y el 77.7%. En Veracruz, el 54% de los hombres privados de su libertad están en prisión preventiva oficiosa, mientras que el 31.1% está en prisión preventiva justificada. En el caso de las mujeres, el 50.1% está en PPO y el 34.8% en prisión preventiva justificada. Estos datos reflejan una tendencia generalizada en la entidad hacia el uso de la prisión preventiva. Durante 2023, el estado de Veracruz destinó 596.7 millones de pesos para la manutención de sus 18 cárceles, que incluyen 17 centros de reinserción social, un módulo de prisión preventiva y un centro de justicia especializada en menores. Esta inversión es esencial para el mantenimiento y operación de las instalaciones penitenciarias en la entidad.
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