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XALAPA.- A pesar de que el 1 de diciembre de 2018, durante el primer día de gobierno de Cuitláhuac García, se publicó la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, en la que se proponían acciones inmediatas para atender la desaparición de personas y garantizar los derechos de las víctimas indirectas, las desapariciones de personas no solo no se detuvieron, sino que aumentaron. Prueba de ello es que en la entidad han desaparecido casi 7 mil personas, de acuerdo con datos de la Federación, de las cuales más de 2 mil 300 corresponden a la administración de García Jiménez, lo que posiciona a la entidad como el cuarto estado con más desaparecidos en el país, apenas por debajo de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México. “Se sigue elevando, siguen las desapariciones forzadas, cometidas por servidores públicos, esto que está pasando nos da vergüenza, ¿cómo es posible que en este tiempo que se supone que todo iba a ser para bien, cuando nos prometieron infinidad de cosas, no se haya cumplido ni una?”, cuestionó la vocera del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, madre de Ivanhoe Mass, desaparecido en marzo de 2010 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en corte a mayo de este año, en Veracruz ha aumentado en 59 por ciento el número de desapariciones desde que García Jiménez asumió la gubernatura. En ese sentido, líderes de diversos colectivos de búsqueda coinciden en que en toda la entidad cada día desaparecen personas. Sin embargo, para el gobierno de García Jiménez, atender la crisis fue otorgar presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV), organismo que opera acéfalo, sin una titular, así como asignar recursos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), han acusado las víctimas indirectas de este delito. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno (Segob), han dicho que sí ha habido avances, pues se creó la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos que busca darle seguimiento a la estrategia. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del estado, los recursos de la CEEAIV incrementaron. En administraciones anteriores recibía 5.9 millones de pesos, sin embargo de 2019 a 2022 recibió 95 millones de pesos. Este monto siguió incrementándose, en 2023 se destinaron 100 millones de pesos, y en 2024, 113.5 millones de pesos. Sin embargo, este dinero, en su mayoría, 70 de 100 millones de pesos, se destina al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esta figura también fue creada durante esta administración estatal y se encarga de brindar apoyo económico a las familias de desaparecidos, como becas a los hijos e hijas de padres desaparecidos, ayuda médica a toda la familia o de vivienda. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) es otra de las instancias que se creó durante la actual administración. Sin embargo, se ha enfrentado a una baja en su presupuesto entre 2023 y 2024, de poco menos de 2 millones de pesos. Su titular, Geiser Manuel Caso Molinari, renunció en mayo de 2019, tres meses después de asumir el cargo, y hasta el momento no han designado a un nuevo titular. Hay una encargada de despacho, Brenda Cerón Chagoya, contra quien pesan fuertes acusaciones, por obstaculizar la búsqueda de los familiares que exigen respuestas, como el caso de Olga Lidia Salazar Hernández, quien pidió su destitución. Ella cree que, desde entonces, se le han negado los recursos para buscar a su hija Marion Ivette Sampayo, desaparecida en 2011 en Poza Rica. Otra de las crisis que no se han resuelto es la forense, pues de acuerdo a los datos que recabó y aportó la “Plataforma Ciudadana de Fosas”, que creó Data Cívica, junto con otras organizaciones, en 17 años, solo 98 cuerpos y restos humanos localizados en fosas clandestinas han sido identificados y entregados a sus familias. La criminalización de las víctimas es otro de los errores que defensores de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos han evidenciado en el mandatario morenista. El caso más reciente de estos actos fue el de cuatro personas desaparecidas en enero de 2024 en Ciudad Mendoza por agentes de tránsito municipal. En aquella ocasión, García Jiménez mostró en una de las conferencias que ofrece una imagen de una de las víctimas junto a Roberto de los Santos, el Bukanas, uno de los supuestos líderes de la delincuencia organizada en la zona, con lo que vinculó la desaparición de los cuatro trabajadores con disputas entre integrantes del crimen organizado. La misma estrategia aplicó en noviembre de 2023 con el asesinato de cinco personas que fueron localizadas en una fosa clandestina en la comunidad El Castillo; de acuerdo con el Gobernador, presuntamente consumían drogas en el lugar donde fueron secuestradas. Entre las víctimas había un niño de tres años. Otro caso fue el de la desaparición de la joven Viridiana Moreno, ocurrida en mayo de 2022 en Cardel, municipio de La Antigua, cuando el Gobernador negó que estuviera desaparecida y aseguró que estaba “resguardada”. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, enterrado de forma clandestina. La FGE de Veracruz dio a conocer que el asesinato de Viridiana, era parte de una serie de crímenes contra mujeres cometidos por un posible feminicida serial. Otra de las negativas del gobernador, fue en el caso de cinco ejidatarios de la comunidad de Santa Rosa, en Actopan, desaparecidos el 15 de febrero. Sus familiares señalaron que acudieron a una audiencia por una disputa de tierras en la Fiscalía Regional de Playa Linda, en Veracruz, y ya no volvieron a saber de ellos. El gobernador dijo que se habían ausentado por su voluntad, argumentando que están acusados de despojo y que, cuando iban a ser imputados, “ya no se presentaron”. El vehículo de los ejidatarios fue encontrado precisamente en la Fiscalía, donde lo habían dejado.
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