'Seguimos exigiendo justicia y reparación de daños': Gobierno de AMLO queda en deuda con víctimas a 2 meses y medio de su fin

lunes 16 de septiembre de 2024

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'Seguimos exigiendo justicia y reparación de daños': Gobierno de AMLO queda en deuda con víctimas a 2 meses y medio de su fin.

Gobierno de AMLO ha quedado a deber en reparación del daño; casos como la masacre de Güemez reflejan, tras más de cinco años de insistencia, el incumplimiento en el apoyo a víctimas.

Lunes 15 de Julio de 2024

Por: animalpolitico.com

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- A Carolina le cambió la vida hace 10 años, cuando su esposo desapareció –y después fue hallado en una fosa en Güemez, Tamaulipas– camino a Estados Unidos. Desde entonces espera una reparación del daño que no ha llegado. “Ya casi”, ha sido la respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) desde hace más de cuatro años.

Además de una investigación que tampoco ha dado resultados, las medidas que se contemplan como reparación –y que le ayudarían con las consecuencias que enfrenta en su cotidianeidad hasta hoy– no han sido provistas por una dependencia que, durante esta administración, aunque reporta una alta cantidad de víctimas atendidas, esta no se traduce, en la misma medida, en reparación de daños.

Francisco Salguero López, el esposo de Carolina, salió de Guatemala desde 2014, pero fue repatriado a su país hasta 2018, luego de ser encontrado en la fosa clandestina de Güemez. Viuda, Carolina se quedó con dos hijos: uno de casi 13 años que vive con parálisis cerebral y una niña de 10 que no llegó a conocer a su papá.

La situación que han pasado, dice, ha sido difícil. Aunque finalmente el cuerpo de su esposo fue hallado, su familia no ha recibido apoyo de ningún tipo. “Hasta la fecha nosotros seguimos exigiendo justicia y reparación de daños”, subraya Carolina.

Está convencida de que el daño psicológico a ella y a sus hijos no podrá repararse por completo, lo sigue viviendo a diario. Su esposo buscaba darles una vida mejor, pero al final lo ocurrido se convirtió en años de lucha para Carolina. Sin embargo, tanto en el tema de investigación como de reparación, los avances han sido pocos, además de que en ningún momento le han provisto recursos ni permiso para ingresar a México.

Ella sabe que como familiares indirectos, tienen derecho a una visa humanitaria para venir a México a ver el expediente y plantear exigencias a las autoridades, pero eso no se ha tomado en cuenta. Desde que el equipo argentino de antropología forense tomó muestras de ADN durante el proceso de identificación, recuerda, representantes de la CEAV también acudieron, tomaron sus datos y les hicieron firmar “un montón de papelería, de documentos”.

“Se comprometieron a podernos apoyar, principalmente en las medidas alimentarias, de salud, de educación, pero ahí sí que solo fueron palabras y promesas porque hasta el momento nosotros hemos estado exigiendo, y no se ha llevado a cabo. Toda la papelería que hemos mandado, porque sí hemos firmado bastantes documentos, no ha procedido nada”, reclama Carolina.

Un lustro de omisiones
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que ha acompañado el caso, puede hacer una relatoría de cómo los trámites ante la CEAV se han extendido, sin prosperar, durante prácticamente cinco años.

Luego de ser contactadas el 19 de mayo de 2014 por Óscar, un migrante guatemalteco que vivía en Estados Unidos y quería reportar la desaparición de su hermano y otros ocho más que salieron del municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, Guatemala en febrero de 2015, sus cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en Plan de Ayala, municipio de Güemez, Tamaulipas.

Hacia 2017 se inició el proceso de documentación para el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de 16 víctimas indirectas guatemaltecas, con el fin de que obtuvieran asistencia alimenticia. Fue entonces cuando la CEAV recabó directamente en Guatemala documentación diversa. Esto, aclara la FJEDD, cuando la dependencia todavía acudía a recabar la información de manera directa, lo que ya no hace.

Ya durante la administración actual, concluyó el proceso de integración de los expedientes de solicitud de acceso al FAARI, mediante la presentación en la CEAV de 16 formatos para la asistencia posterior y el reembolso de marzo a diciembre de 2018. La Fundación insistió en diversas ocasiones, sin obtener respuesta. En 2020 incluso tuvo que presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el incumplimiento.

Como resultado, en la recomendación 81/2021, el 9 de noviembre de 2021 la comisión pidió que se resolvieran las medidas de asistencia y se otorgara atención médica y psicológica, así como la reparación integral del daño. El 26 de noviembre la dependencia aceptó la recomendación. La CEAV no ha emitido el dictamen de medidas de asistencia alimenticia y mucho menos la reparación integral del daño. Hasta hoy, las familias siguen esperando.

La Fundación incluso tuvo que promover el amparo indirecto 1168/2020 el 11 de noviembre de 2020 ante el juzgado décimo segundo en materia administrativa para reclamar a la CEAV sus omisiones. El 11 de marzo de 2022 obtuvo una sentencia a favor de las víctimas, que le ordena a la dependencia resolver sus peticiones. De la misma manera, la CEAV no la ha acatado.

“Ha sido un viacrucis para las víctimas”
Yesenia Valdez, abogada de la FJEDD, recuerda que antes de la reforma de 2022 a la Ley General de Víctimas, esta otorgaba a las víctimas la posibilidad de solicitar medidas asistenciales mientras no exista una sentencia o reparación, y no solamente en casos de carácter urgente. “Sí ha sido un viacrucis para las víctimas el poder acceder a estas medidas de apoyo, sobre todo por el carácter de ser extranjeros”, subraya.

“No ha existido una política incluyente para este tipo de víctimas, para los familiares de migrantes asesinados en México, y eso ha sido un poco desafortunado, porque los requisitos están hechos para que la gente esté en México, para que acuda a una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a dar seguimiento a sus casos, a atender los procesos, las entrevistas directamente, y no cuentan con los recursos económicos, que tendría que cubrir la CEAV”, añade.

En algunos casos, explica la especialista, en el mero hecho de pedir medidas de asistencia, que es el primer paso para poder hacer valer los derechos de las víctimas, es donde empieza lo complejo, sin siquiera llegar al tema de la reparación integral del daño, que es aún más lejano. Valdez subraya que ni siquiera después de haber ganado el amparo, pudieron obtener una respuesta.

“Es la fecha que no nos han otorgado las medidas; es un tema muy complejo. Pasa algo importante en la CEAV. Con la actual comisionada solamente nos reunimos una vez como fundación para presentar los diferentes casos; de ahí a la fecha no nos han vuelto a abrir las puertas. Otro ejemplo es el caso Juárez (incendio en la estancia migratoria), donde ha habido mucha complicación para que la CEAV por fin resuelva los temas de reparación integral del daño a favor de las víctimas familiares de migrantes, pero también de otro tipo de delitos”, lamenta Valdez.

Opacidad y no reparación del daño
Como ocurre en el caso de la masacre de Güemez o del incendio en Ciudad Juárez, en respuesta a una serie de solicitudes de información pública, la CEAV no pudo dar una rendición de cuentas clara de su trabajo. Ni siquiera cuenta con la constancia de las sesiones ordinarias que está obligada a celebrar por ley por lo menos cuatro veces al año.

Para la única que decían haber llevado a cabo en 2024, el 27 de marzo, dos meses después aún no contaban con un documento que la probara. En su respuesta, argumentaron que el reglamento de sesiones de la junta de gobierno de la CEAV indica que el proyecto de acta se somete a aprobación en la sesión siguiente, por lo tanto, aún no se contaba con ningún respaldo documental.

“Aún no hay la versión estenográfica de la primera reunión realizada en marzo de 2024”, añadió la CEAV consultada respecto a ese documento en lo particular.

A esto se suma la notoria ausencia de autoridades de alto nivel: desde la gestión de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, las víctimas se quejaban constantemente de que no asistía a las reuniones de la CEAV. A partir de que Luisa Alcalde asumió la Secretaría de Gobernación, en enero de 2023, tampoco asistió a ninguna ese año, pese a que forma parte de la junta de gobierno de la dependencia.

Por otro lado, la CEAV argumenta que en 2022 dio 54 mil atenciones, en 2023 90 mil 626 y en 2024 —hasta el mes de abril— 32 mil 134. Sin embargo, estas –que, al carecer de detalle, pueden contemplar desde una llamada telefónica a una canalización a otra dependencia– no se han traducido en el otorgamiento de reparaciones integrales a víctimas, principalmente en el aspecto de delitos cometidos por autoridades del orden federal –como el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez–.

De acuerdo con sus informes presupuestarios, la mayor parte de los recursos de la CEAV se destinan a medidas de recursos de ayuda por concepto de gastos funerarios, de alimentación, de alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados. Sin embargo, estos se reducen significativamente cuando se trata de compensaciones subsidiarias por comisión de delito del fuero federal, compensaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales y medidas complementarias de reparación de daño.

Por ejemplo, entre 2021 y 2023, las primeras representaron solo el 8.3% de los gastos totales destinados a víctimas por parte de la CEAV, las compensaciones por violación a derechos humanos cometidas por autoridades federales el 2.4% y las medidas complementarias de reparación, el 30%.

Mientras en esos tres años, la dependencia asegura que ha otorgado gastos funerarios, alimentación, alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados a más de 170 mil víctimas, en ese mismo periodo solo 286 recibieron compensaciones por violación de derechos humanos por parte de autoridades federales y solo 905 medidas complementarias de reparación integral del daño, entre 200 y 300 al año.

Aunado a ello, para el primer trimestre de 2024, la CEAV suprimió en su informe el desglose de criterios que había reportado en años anteriores, para englobar apoyos a 11 mil 420 víctimas, pero con la realización de solo mil 7 trámites, sin precisar de qué tipo de atenciones o trámites se trata, ni cuántas víctimas han recibido efectivamente compensaciones o reparación de daños.

Pese a lo anterior, este año, detalla Valdez, la FJEDD ha podido encontrar una puerta para avanzar con trámites de algunos casos, no a través de la comisionada, sino de otros funcionarios dispuestos a ayudarles. En el caso de la masacre de San Fernando, después de 14 años, podrán empezar de nuevo a integrar expedientes. “Es un claroscuro, porque tenemos ese ejemplo de Juárez, donde fue muy difícil trabajar el tema de reparación y de medidas de asistencia”, puntualiza.

Mientras tanto, Carolina sigue esperando y pide que las autoridades –principalmente, al CEAV– no hagan oídos sordos a sus peticiones. “Las familias de acá somos las que sufrimos los daños. Si nosotros pudiéramos ir a México a exigirles, fuéramos. Que las autoridades sigan investigando, y con la CEAV, que cumplan lo que ellos mismos vinieron a prometer”, reclama.

Por: Marcela Nochebuena y Siboney Flores