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Xalapa, Ver.-
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defensora de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) de AMLO, señala que es necesario que ese poder del Estado sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros; además, destaca que, tras ser aprobada la enmienda constitucional, la siguiente fase debe ser una reforma a los ministerios públicos federales. Al participar este domingo en un foro denominado 'Diálogos para la Reforma al Poder Judicial', en Querétaro, se dijo parte del movimiento que busca un Poder Judicial “sometido a controles democráticos que implica que puedan ser electos los jueces, las juezas, las magistradas, los ministros, y ministras” para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad sino como servidores públicos. Batres Guadarrama señala que se necesita someter al PJF al control administrativo que garantice una rendición de cuentas, transparencia y sanciones de ese tipo, “por lo menos, por el rezago de las resoluciones”; lo mismo, en un control jurisdiccional que implica que pueda haber sanciones a los jueces impuestas por otros jueces que no son parte del mismo poder judicial. Como ejemplo de como “tuercen la ley” en México, cita el que los ministros de la Corte resuelvan más del 90 por ciento de los asuntos en sesiones privadas o en las salas, y no en sesiones públicas como mandata la ley; también, que los mismos sigan ganando una remuneración mayor que la del presidente de la República, pese a la prohibición constitucional. Entre otros controles jurisdiccionales, explica que debe contemplarse la reparación de daños cuando se encarcela una persona injustamente. Al admitir que, con la reforma no se resuelve el problema en la justicia en el país, dice que “afortunadamente el Congreso ya lo está viendo”, la siguiente fase de la propia reforma judicial debe enfocarse en cambios profundos en los ministerios públicos. Comenta: “Es muy obvio porque hay unas fallas muy fuertes en nuestro sistema de justicia, pero fíjense, yo acoto ahí que tuvimos ocho años de reforma del sistema acusatorio en materia penal en nuestro país, se invirtieron más de 35 mil millones de pesos, y después de que terminamos es cuando dicen: “ay, se nos olvidó el ministerio público”.
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