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Xalapa, Ver.-
Las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas a la ley de Amparo y de Amnistía, dos de las últimas modificaciones propuestas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado conjunto indican: “La reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría oficialista, impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando éstos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección”. Los legisladores argumentan que, con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectará sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos. Además, con la reforma “se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten los derechos humanos de la ciudadanía. La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos”. Los tres partidos de oposición argumentan que el decreto reformatorio es contrario a los artículos 17, de la Constitución que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos. En el escrito señalan que dicha reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del Amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia del Amparo. Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas. En cuanto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito. “Es una reforma que vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución. “La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcaron las bancadas priista, panista y perredista en San Lázaro.
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