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XALAPA.- El senador y próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señala que con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF) se eliminarán las pensiones vitalicias y los “haberes para el retiro” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al afirmar que la austeridad es un deber, una política de Estado, resalta que actualmente el ministro que se retira recibe su salario al cien por ciento, los primeros dos años, y 80 por ciento los siguientes años, hasta su muerte. Reclama que los ministros no activos tienen un sueldo tabular de 300 mil pesos aproximadamente, que se integra por sueldo base, más compensación garantizada y previsión social, además, aguinaldo de 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo. Monreal abunda en que a los jueces constitucionales, como ahora mismo ocurre con Arturo Zaldívar, ministro en retiro, se les otorga un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge. Se prevé un pago por defunción de un millón 189 mil pesos de ayuda para gastos funerarios. También gozan de un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años. La prima vacacional de 95 mil 474 pesos, que representan 10 días de sueldo durante los primeros años, y a pesar de estar en retiro gozarán de una prima vacacional y su sueldo tabular. Con cargo al erario a los impuestos que pagan los mexicanos, los ministros tienen derecho a contar con cinco personas, como personal de apoyo, incluyendo choferes; dos choferes de servicio y tres técnicos de distinta categoría, a las que suman cinco personas más para seguridad, a pesar de no estar en funciones, todo pagado por la Corte. Por si fuera poco, se les reembolsa el dinero de la compra de medicamentos, cuáles sean, reembolso total. Los ministros tienen derecho a dos camionetas Suburban blindadas, de aproximadamente tres millones cada Suburban, que acumulan seis millones. Los ministros en retiro reciben apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales. Reembolso de cualquier pago por mantenimiento de las dos Suburban en los primeros años, además del pago de peaje en autopista, a pesar de estar en retiro y no tener viajes programas, aparte de otros respaldos, que como ministros en retiro tienen en los aeropuertos, en los restaurantes, en servicios, detalló Ricardo Monreal. “La austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del Estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos”, lamenta el legislador. Advirtió que conforme a leyes actuales, con estos órganos del Poder Judicial, se viola la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución, respecto de las remuneraciones de todas las personas servidoras públicas que están en funciones. En cuanto a jueces de Distrito, su pensión es de 33 mil pesos, pensión del ISSSTE, y 78 mil pesos de la pensión complementaria. Monreal Ávila destacó que para la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados, en cálculo aproximado realizado con actuarios y con personal del INE, órgano al que se faculta esta responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión, pero aclaró que incluso se podría disponer de 23 mil millones de los 14 fideicomisos en extinción. “La propuesta de reforma constitucional establece que luego de que ésta sea aprobada, se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos, los mandatos, los contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Así también, se establece un plazo de 90 días para enterar la totalidad de los recursos remanentes con dichos instrumentos. Los recursos serán concentrados en la Tesorería de la Federación. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la Tesorería”, precisa. Monreal Ávila refrenda que los derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación quedan intocados, pero las remuneraciones de las personas servidoras públicas en funciones, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de las entidades federativas, no podrán ser mayores de las establecidas para el Presidente de la República, o Presidenta, como es el caso.
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