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XALAPA.- Todo parece indicar que la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, le dio un escobazo a un avispero luego de declarar que la Fiscalía General de Estado debe acelerar el proceso contra el virtual senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez y evitar que tome posesión del cargo debido a las denuncias que pesan en su contra por el uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Y es que, antes de que canta un gallo, diputados panistas y la aún senadora Indira Rosales San Román denunciaron que esta acción refleja una "visión autoritaria" de la morenista y la forma en que ejercerá el poder una vez que asuma el cargo "con el garrote en la mano". Por su parte, la combativa diputada federal María Josefina Gamboa Torales, cuestionó la contradicción de Nahle al acusar a Yunes Márquez de no tener domicilio en Veracruz cuando ella es originaria de Zacatecas. De paso, señaló que la morenista no ha solicitado acelerar las investigaciones de miles de homicidios, crímenes contra periodistas, feminicidios y robos en el estado. "Eso no, eso a ella no le interesa", acusó Gamboa, al subrayar con ironía que tampoco ha exigido celeridad en las investigaciones de las casi 40 denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos. "Hacerlo hablaría de congruencia, pero no la hay", afirmo Gamboa. A su vez, la senadora Indira Rosales, acompañada de diputados federales y locales del mismo partido, afirmó que Yunes Márquez es víctima de una persecución política, pues consideró que Nahle pidió a la Fiscalía acelerar un proceso penal contra Yunes Márquez para obligarlo a comparecer ante un juez y proceder a su detención. "Esta declaración es más que un abuso, encierra toda una visión autoritaria del ejercicio de gobierno", declaró Rosales. Añadió que la postura de Nahle indica que gobernará "con el garrote en la mano" para intimidar a la oposición en Veracruz. También aseguró que la persecución contra Yunes Márquez está basada en su intención de éste de ser candidato a presidente municipal de Veracruz en 2021, bajo el argumento de que no reside en el municipio. Sin embargo, argumentó que "tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE, como el propio juez que sigue esta causa, reconocen que tiene su domicilio en Veracruz". Por último, los legisladores panistas exigieron que la Fiscalía General del Estado que actúe libre de presiones y mantenga su autonomía, sin ser utilizada con fines de persecución política, bajo el argumento de que tal situación corresponde a un régimen autoritario y no a una democracia. El burro hablando de orejas. Vaya caso.
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