| Y es que, el abogado laboral refirió que los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares tomaron la decisión de no cubrir tales adeudos, y aunque se esperaba que el actual gobierno adoptara otra postura, apegada a la ley, y decidiera cumplir con las órdenes judiciales que disponen que debe resarcirse a trabajadores injustificados injustamente privados de su sustento, resultó todo lo contrario. |
|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- A pesar de que para el 2023 se presupuestaron más de 2 mil millones de pesos, la cantidad más grande jamás presupuestada para el pago de indemnizaciones laborales, se ignora por qué ese dinero presupuestado no ha sido aplicado o si se está utilizando para sufragar la autopromoción con tintes electorales, denunció el abogado Juan José Llanes Gil Del Ángel, al señalar que durante los últimos 10 años se generaron grandes pasivos laborales producto de condenas que impuso el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de trabajadores despedidos injustificadamente tanto por el gobierno del estado como por parte de los ayuntamientos. Sin embargo, denunció que la mayoría de las condenas se han fincado a favor de trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz SEV y de la Secretaría de Gobierno, pero durante los últimos cinco años los trabajadores han enfrentado, por una parte, a la burocracia empezando por los titulares de estas dos dependencias que abiertamente decidieron no obedecer los mandatos judiciales, y por otro lado, a una autoridad laboral que se presenta tibia y sumisa, y que claramente no muestra una disposición enérgica para hacer cumplir sus propias decisiones. Por lo anterior, Llanes Gil anunció que acudirán al Poder Judicial Federal para que sea éste el que defina si en Veracruz el desacato a órdenes judiciales debe quedar en la impunidad para favorecer a personas como Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Zenyazen Roberto Escobar García, entre otros, “y en ese propósito, no nos vamos a detener”. Y es que, el abogado laboral refirió que los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares tomaron la decisión de no cubrir tales adeudos, y aunque se esperaba que el actual gobierno adoptara otra postura, apegada a la ley, y decidiera cumplir con las órdenes judiciales que disponen que debe resarcirse a trabajadores injustificados injustamente privados de su sustento, resultó todo lo contrario. “Quienes ejercemos como abogados, la función de representar a trabajadores que han sido lastimados, sabemos perfectamente que cada vez que se desobedece un mandato judicial se comete un delito, porque la ley castiga a quien deja de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero, configurando el incumplimiento de un deber legal”. Afirmó que la ley puntualmente señala que las órdenes judiciales tienen que acatarse, por lo que “tomamos la decisión de pedir el tribunal burocrático diera vista al ministerio público de las conductas que, claramente actualizan delitos, cosa que habría debido hacer el tribunal incluso oficiosamente. No obstante, ante la pasividad del órgano jurisdiccional, se determinó interponer denuncias ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción en contra de los titulares de ambas entidades públicas, además de una docena de denuncias que han sido presentadas “tenemos claro que el ministerio público en el estado de Veracruz actúa bajo la presión y la consigna de quien están gobernando el estado; el ministerio público, que debiera funcionar con autonomía, se ha preocupado más por encontrar a como dé lugar argumentos para exculpar a Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Zenyazen Escobar García y a otros funcionarios, también un poder judicial estatal, penosamente sometido se adhiere a la noción de que, en Veracruz, tales funcionarios públicos pueden con total impunidad decidir si acatan o no una orden judicial”, concluyó.
|
