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XALAPA.- Todo parece indicar que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, no ha predicado en el desierto al denunciar los abusos cometidos en Veracruz con la aplicación arbitraria del delito de ultrajes a la autoridad. Tan es así que abogados de diversos colegios y barras firmaron un exhorto dirigido al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar que se derogue ese delito en la entidad, con lo que la reforma al Código Penal aprobada por la mayoría morenista tendría sus días contados. Braulio Terán Del Valle, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, afirmó que persisten los abusos de autoridad pues se está encarcelando a inocentes. Y es que el señalamiento de incurrir en ultrajes a la autoridad se incrementó 200 por ciento en el estado, incluso es el principal delito en el que están incurriendo los ciudadanos. Anteriormente la pena era de 6 meses a dos años y ahora es de 5 a 7 años. "Está afectando mucho los derechos humanos de la ciudadanía y por eso 11 asociaciones estamos haciendo un pronunciamiento para presentar el escrito para que deroguen esta reforma y eliminen el incremento en la tipificación del delito y se regrese a la posición en que estaba", aseguró. Los abogados se pronunciaron en contra de dar la prisión preventiva oficiosa y consideraron la reforma inconstitucional. Además, señalaron que solo tres estados del país aplican la norma y Veracruz es uno de ellos. "Estamos cayendo en abusos, tan es así que se ha incrementado en 200 por ciento la denuncia y eso es abuso. La mayoría son ciudadanos, no conocemos que sean delincuentes de delitos graves que estén por ultrajes a la autoridad". Por su parte Gilberto Farías Morales, presidente nacional del Colegio de Abogados Penalistas, dijo que sostiene pláticas con el senador Ricardo Monreal para coadyuvar en el trabajo que se realiza en Veracruz para derogar la ley. Y es que bajo este delito, cualquier situación se considera agresión hacia los policías, y el juez puede determinar ultrajes a la autoridad, además de que se recluye a las personas mientras enfrentan el proceso. Así las cosas, es cuestión de tiempo para que la reforma de marras sea echada abajo.
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