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“Niego rotunda y categóricamente los comentarios realizados por Emilio Zebadua”: Ramón Sosamontes rechazó señalamientos por Estafa Maestra.
Aseguró que Zebadúa González está tratando de engañar a la FGR
Jueves 26 de Noviembre de 2020
Por: Infobae
Foto: Cuartoscuro .
CDMX.- Uno de los colaboradores más cercanos a Rosario Robles Berlanga, cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); fue Ramón Sosamontes.

Sosamontes Herramoro fue exjefe de la Oficina de Robles en ambas dependencias y ha sido señalado de estar implicado en la trama de la llamada Estafa Maestra, pero este miércoles negó de manera “categórica y rotunda”, estar involucrado en el desvío millonario de recursos en las dos dependencias.

A través de su cuenta de Twitter, Ramón Sosamontes escribió: “A la opinión pública: todo lo dicho sobre mi persona por Emilio Zebadua, ex oficial mayor en SEDESOL y SEDATU, ante la @FGRMexico del 19 de octubre del 2020 y fue filtrada a medios de comunicación sobre mi participación – QUE LA NIEGO- en la llamada “estafa maestra”, es falso” (sic).

En un segundo tuit, aseguró que Zebadúa González está haciendo imputaciones a terceros sin tener ningún sustento, todo para beneficiarse.

“Niego rotunda y categóricamente los comentarios realizados por Emilio Zebadua que a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo “criterio de oportunidad " @FGRMexico” (sic), escribió en la red social.

Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles en el sexenio de Enrique Peña Nieto; asegura que Ramón Sosamontes es uno de los partícipes en los convenios que se firmaron con instituciones académicas para desviar recursos federales a las campañas del PRI en La Estafa Maestra.

Desde mediados de noviembre, trascendió que Zebadúa se acercó a la FGR, con la intención de volverse testigo protegido. Ofreció dar información sobre los desvíos de recursos.

El pasado 23 de noviembre, se filtró a algunos medios de comunicación, parte de la declaración ministerial de Emilio Zebadúa a la FGR. En ella aseguraba que desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se tuvo una estrategia general, tanto social como político-electoral, en las que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno y en la que se privilegió a los estados con procesos electorales en marcha o por venir.

Zebadúa González indicó que una de las ramas de dicha estrategia fue la llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través de la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en el país, además de actos proselitistas o compra de votos.

También aseguró que la Sedatu, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos; para comprar terrenos aledaños al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, a personas que no acreditaron ser los propietarios de las tierras.

De acuerdo con el documento de la declaración ministerial con la que Emilio Zebadúa busca hacerse testigo colaborador, la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano verificaba el cumplimiento de los derechos ejidales o de posesión que debían tener los titulares de los lotes que se tenían que comprar para el NAIM, ya que está dentro de sus facultades tener los archivos y expedientes agrarios del país y por lo tanto, determinar la validez de una adquisición de terrenos. Así, la Sedatu sería la encargada de realizar los pagos, contando con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Grupo Aeroportuario Internacional de la Ciudad de México (GACM).

Pero tras la revisión hecha por la Sedatu de la validez de los derechos de posesión, se encontró que el “Frente Auténtico del Campo” y Juan Loreto González, en apariencia pobladores de la zona denominada “Tlateles”, no acreditaban ni legal ni materialmente la propiedad de dichos terrenos. Así también fue avalado por la Segob. Aún así, el 7 de junio de 2018, se acordó que se le entregarían 400 millones de pesos.

De acuerdo con lo dicho por Emilio Zebadúa, como no se logró acreditar que estas personas eran las propietarias, se introdujo el término “ayuda social” para justificar la entrega de recursos y entonces se entregaron cantidades de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos.

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