De Veracruz al mundo
COVID-19 vs pobreza: Asentamientos populares en México corren mayor riesgo de contagio.
Las personas que viven en pobreza en México no cuentan con las condiciones adecuadas para seguir las recomendaciones de salud y evitar el coronavirus
Lunes 06 de Abril de 2020
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Foto: Cuartoscuro .
.- La llegada de coronavirus, COVID-19, a México ha significado la adopción de medidas recomendadas por instituciones internacionales para evitar la propagación de la enfermedad; sin embargo, hay razones para cuestionar si toda la población cuenta con la infraestructura e insumos adecuados para llevarlas a cabo, pues las personas que viven en pobreza, se enfrentan con grandes retos y corren mayor riesgo al contagio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas de las principales recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 son lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, además de tener un distanciamiento social de al menos un metro y de preferencia quedarse en casa.

Algunos sectores de la población, como los habitantes de asentamientos populares, que son personas que viven en situación de pobreza, se enfrentan a grandes retos para acatar estas recomendaciones, pues sus condiciones económicas, salubres y sociales, los limitan para tomar acciones que eviten el contagio de coronavirus.

Acceso a agua potable
Debido al rápido crecimiento urbano de las últimas décadas, las personas que viven en condición de pobreza en asentamientos populares carecen de muchos de los derechos básicos.

De acuerdo con el Atlas del Agua en México, realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cobertura de acceso a los servicios de agua entubada abarca el 95.3 por ciento de la población; sin embargo, esta cifra excluye a poco más de 10 millones de mexicanos.

Distanciamiento social
Esta recomendación se refiere, simplemente, a evitar el contacto cercano con otras personas, para prevenir el contagio del COVID-19 e infectar a otros.

Es excluyente para 11.2 millones de personas -que representan 9.4 por ciento de la población total del país- que viven en condiciones de hacinamiento en sus hogares. Es decir, que hay dos o más personas por cada una de las habitaciones de la vivienda, según los resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).

Lo anterior significa que pese a las recomendaciones de ‘Susana Distancia’, resulta imposible mantener un distanciamiento social porque las condiciones de las viviendas lo impiden.

Por ello la importancia de una vivienda digna y decorosa que permita acceder a servicios básicos y tener suficiente espacio para habitar de forma cómoda y salubre.

De acuerdo con los elementos de una vivienda adecuada dados por la ONU, la habitabilidad es clave y se define como las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

En situaciones como la actual, la población en condición de pobreza queda completamente desprotegida, más allá de las condiciones de riesgo que implica la pandemia de COVID-19, al no tener acceso a una vivienda digna y adecuada que les permita sumarse a las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus.

Una vida de bienestar, es decir una vivienda digna, tiene que ver con un espacio que esté cerca de hospitales, escuelas y centros de abastecimiento de alimentos.

De acuerdo a cifras del CONEVAL, 2.1 por ciento de los hogares reportan que sus integrantes tardarían más de dos horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia.

Ante un panorama como el actual, la vulneración de derechos es clara y sus repercusiones no pueden ser medidas, ni atacadas debido a la inexistencia de cifras que permitan esclarecer la situación en la que se encuentran millones de mexicanos que viven en asentamientos populares.

Establecer medidas para estos grupos es clave para evitar continuar infringiendo sus derechos y dotarlos de soluciones que permitan su libre desarrollo, garantizando espacios dignos y salubres.

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