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| Diputados piden a FGR vincular a Zerón en desaparición de los 43. | ||||||
| La propuesta de punto de acuerdo elaborada por el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, fue controvertida por el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza adujo que la Comisión de Justicia se debe apegar al debido proceso, y que no vayamos más allá de nuestras facultades. | ||||||
| Miércoles 25 de Septiembre de 2019 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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La propuesta de punto de acuerdo elaborada por el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, fue controvertida por el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza adujo que la Comisión de Justicia se debe apegar al debido proceso, “y que no vayamos más allá de nuestras facultades. Lo que se está proponiendo no es descafeinar su propuesta diputado, lo que se está proponiendo es generarla dentro del ámbito de competencia de una Comisión de Justicia que debe ser la primera en respetar el debido proceso y las garantías constitucionales que se tienen.” El michoacano se pronunció porque en ese grupo de trabajo se enarbole la defensa de los derechos humanos, pues “todos queremos justicia, pero la redacción que se está proponiendo de parte de la Presidencia, toma en consideración los elementos fundamentales para poder actuar en este caso y en cualquier otro caso hacia adelante, conforme al debido proceso.” Los integrantes de ese grupo de trabajo se reunieron en San Lázaro, donde aprobaron –también- el proyecto de decreto, que habrá de someterse al pleno cameral, la semana próxima- con objeto de modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa, reglamentario del 19 de la Constitución. El texto incrementa el catálogo de delitos, por los que el Ministerio Público tendrá atribución de acusar a los ciudadanos que considere, acreedores de una sanción y de la aplicación de la ley, en materia de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Así, el grupo de trabajo se abocó a resolver el punto de acuerdo para que la FGR reencauce la investigación del caso Ayotzinapa. La petición del diputado Cayetano García (Morena) fue avalada y adicionada con la propuesta de solicitar al Ministerio Público Federal, informe al Congreso el rumbo que vaya tomando las nuevas pesquisas en torno al caso, y que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) incorpore el resolutivo aprobado, para darlo a conocer mañana en la sesión ordinaria donde habrá de recordarse el suceso trágico, que aún tiene aristas por descubrirse, y llevó a la desaparición de los 43 alumnos normalistas. En el documento se exige a la FGR que “subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento a la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte”. Enseguida, de forma vinculante se asocia a Tomás Zeron de Lucio como probable responsable del delito descrito, por lo que se pide al Ministerio Público dé continuidad a las indagatorias en su contra, por la “presunta manipulación de la investigación y para que el ámbito de sus facultades inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces del Poder Judicial Federal, para deslindar las posibles responsabilidades en el caso Ayotzinapa”. Incluso, también se exhortó al Consejo de Judicatura Federal para que a través de la Visitaduría Judicial realice una investigación exhaustiva en aquellos juzgados donde se ventilan los procesos relacionas con el caso y se verifique el estricto cumplimiento de los procedimientos y supervise la conducta de los integrantes de esos órganos, y en su caso presente las acusaciones administrativas o penales, a las instancias correspondientes. Por lo que hace al tema de prisión preventiva oficiosa, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró que tal medida “es muy peligrosa para el país, y así quedó de manifiesto por las organizaciones de derechos humanos que participaron en el parlamento abierto que se efectuó en San Lázaro; lo viable es que se presente la modificación para considerar la prisión preventiva justificada, donde un juez es quien toma la decisión sustentado en pruebas, y aquí vamos en sentido contrario porque la prisión preventiva oficiosa se sustenta el decisiones del Ministerio Público, lo cual sería un riesgo inminente de llevar a inocentes a prisión”. No obstante, el contenido del proyecto de decreto contiene la explicación de las facultades del Ministerio Público: “el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y los testigos, o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de algunos de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento”. |
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