De Veracruz al mundo
La Función Pública defiende inhabilitación de Rosario Robles.
Asimismo, agregó que la sanción se impuso “por no declarar información bancaria, lo cual es independiente del monto o el estado que guarda lo no declarado”.
Viernes 20 de Septiembre de 2019
Por: La Jornada
Foto: La Jornada
Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) defendió este viernes su decisión de inhabilitar por diez años a Rosario Robles Berlanga por no declarar información de una cuenta bancaria y señaló que en este proceso se respetaron las garantías de la ex funcionaria.

Mediante un breve comunicado, la dependencia señaló que la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal “se dio por falta de veracidad en su declaración patrimonial, lo cual es considerado una falta grave en términos del artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.

Asimismo, agregó que la sanción se impuso “por no declarar información bancaria, lo cual es independiente del monto o el estado que guarda lo no declarado”.

De acuerdo con la SFP, “en la resolución se tomaron en cuenta todos los elementos que obran en el expediente, y los argumentos que hizo valer, respetándose sus derechos de audiencia y defensa, con base en los principios de legalidad e imparcialidad”.

Robles, afirmó la dependencia, fue notificada en tiempo y forma a través de su representación legal, como consta en el acuse de recibo en poder de la Función Pública, y está en su derecho de presentar los medios de impugnación que considere oportunos.

Ayer, la hija de la ex funcionaria, Mariana Moguel, dio a conocer una carta en la que Robles cuestiona los argumentos dela SFP para inhabilitarla, al tiempo que se dice víctima de una persecución que le ha impedido seguir su proceso en libertad.

Cómo se sabe, la ex funcionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto permanece detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de ejercicio indebido de la función pública, por el desvío de más de 5 mil millones de pesos.


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