Iniciativa que eliminará el Seguro Popular no está lista y, si pasa, generaría un colapso, dice el CIEP

jueves 02 de mayo de 2024

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Iniciativa que eliminará el Seguro Popular no está lista y, si pasa, generaría un colapso, dice el CIEP.

El grupo parlamentario de Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar al Seguro Popular y crear el Instituto de Salud para el Bienestar con el objetivo de abastecer medicinas, aumentar personal médico, mejorar la infraestructura del sector y basificar a 80 mil empleados eventuales.

Lunes 19 de Agosto de 2019

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.- La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para sustituir al Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no plantea una fuente de financiamiento ni marca una ruta clara de transición e integración que considere los cambios demográficos y epidemiológicos, observó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La propuesta impulsada por Morena para reformar la Ley General de Salud, la de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud también busca cambiar el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que ofrece servicios médicos a los 53.3 millones de beneficiarios del Seguro Popular sin acceso a seguridad social, por el Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos que se constituirá y administrará por la Federación con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

“No se puede pensar en un sistema universal de salud sin financiamiento suficiente”, dijo su director Héctor Villarreal Páez. “El INSABI nacería con una deuda, un pasivo laboral enorme”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el Proyecto de Presupuesto para el 2020, que la Secretaría de Hacienda presentará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, se incluirán 40 mil millones de pesos adicionales del Fondo contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Serán para combatir el desabasto de medicinas, la ausencia de médicos y enfermeras, así como para mejorar las instalaciones y equipo del sector, y basificar a más de 80 mil trabajadores eventuales con prioridad a los de mayor antigüedad, dijo el domingo pasado en una de sus visitas a las 80 unidades médicas del programa IMSS-Bienestar (antes IMSS-Prospera).

Juan Ferrer dirigirá el Insabi, Alejandro Calderón Alipi coordinará el abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos, Alejandro Svarch Pérez buscará suficiencia de personal médico con salarios más altos en zonas rurales, y Carlos Sánchez Meneses asumirá la mejora a la infraestructura del sector, designó el Presidente.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados calculó el costo aproximado que implicaría la iniciativa rumbo a un sistema de salud universal.

“Se realizó el cálculo que conllevaría garantizar a las personas sin seguridad social (40 millones 949 mil 429 personas) los beneficios médicos que actualmente gozan los derechohabientes del IMSS e ISSSTE (167 mil 402.5 millones de pesos) y a estos se le restaron los recursos con los que actualmente cuenta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (80 mil 144.1 millones de pesos), resultando en una diferencia por 87 mil 258.1 millones de pesos”, expone un estudio de impacto presupuestario.

Asimismo, se podrá acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por 99 mil 461.3 millones de pesos de 2019 para solventar los requerimientos adicionales estimados en el párrafo anterior, plantea.

Sin embargo, el CIEP considera que los 40 mil millones de pesos adicionales no serán suficientes para cubrir los objetivos planteados, y el cálculo del CEFP “no es realista” por lo que “la iniciativa de Ley no está lista para votarse en su estado actual”.

“Los 40 mil millones de pesos es mucho dinero, pero en términos del PIB es como un 0.16 de punto. Ahorita se gasta en el sistema público de salud un 2.5 por ciento del PIB. Para ser un sistema universal, eficiente y con cobertura de acceso real se necesitarían al menos 5 puntos del PIB. Ese fondo por supuesto que ayuda y es muy bienvenido, pero hablamos de un problema mucho mayor”, aseguró el economista y director del Centro, Héctor Villarreal.

Sobre el impacto presupuestario del CEFP de Diputados, consideró que es posible que se haya efectuado “bajo presiones de tiempo”, pues presenta limitaciones.

“El mismo Presidente dijo que estas personas que están en un régimen de empleos temporales [más de 80 mil], pasarían y serían homologados a un contrato como el del IMSS. Cuando tú pasas a miles y miles de empleados a este nuevo sistema, de facto estás creando enormes pasivos laborales. Si no se presupuesta, de entrada tendrá al Insabi naciendo con un pasivo muy grande”, aseveró Villarreal Páez.

Además, “pasar de una cobertura de atención efectiva del 43 al 100 por ciento, que el Gobierno deba cubrir los déficits que tienen los seguros del IMSS y además dar más servicios para cualquier padecimiento, representaría un costo mucho mayor”, que no considera el cálculo.

Una Reforma Fiscal, no planeada al menos para los tres primeros años de Gobierno, “no será una bolsa ilimitada de dinero. Aún cuando se logre que los ingresos tributarios suban 4 puntos –que nunca ha ocurrido–, ya se quieren para salud, el hueco en pensiones, pagar infraestructura e inversión pública, seguridad, educación e investigación, y entonces las cuentas no salen”, previó Villarreal.

El coordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, criticó que la iniciativa “no plantea con claridad cuál será el nuevo esquema de financiamiento ni las corresponsabilidades de los ámbitos de Gobierno al respecto. Tampoco una fórmula para transferir los recursos federales a los estados, como sí lo establece el Seguro Popular”.

Informó que los integrantes de la Comisión de Salud construirán otra propuesta en materia de salud, “bajo el estudio previo y diagnóstico preciso”.

LA FALTA DE UNA RUTA DE TRANSICIÓN

La transición e integración de un sistema de salud “altamente fragmentado, con problemas originales de diseño, operación y recursos”, puede ser un proceso largo, expone el CIEP. Si la iniciativa no agrega una ruta crítica, existe el riesgo de que algunas partes del sistema “colapsen”.

Ante ello, sugiere crear una “cámara de compensación” entre los diferentes subsistemas (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS-Bienestar) para homologar costos y calidad de los servicios.

El Seguro Popular es un programa de apoyo de financiamiento para los mexicanos con mayor pobreza sin acceso a seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Pemex. Con el Instituto de Salud para el Bienestar se busca centralizar a ambas poblaciones que suman más de 124 millones de personas.

Este programa, iniciado en 2004 en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, está en manos de 32 sistemas estatales y no cubre enfermedades, sino intervenciones específicas que considera puede financiar. Cubre el 100 por ciento de las intervenciones de primer nivel (dolor de estómago, cabeza, fracturas), el 95 por ciento de segundo nivel en hospitales (partos, apendicitis) y más del 80 por ciento de temas de especialidad (todos los cánceres, VIH).

Además, la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados no contempla la transición demográfica, con su respectiva transición epidemiológica.

“No puedes hablar de seguridad social en este país –sea salud o pensiones– sin pensar en la transición demográfica que se está viviendo, porque cuando la población envejece, la transición demográfica lleva de la mano una transición epidemiológica. En lugar de que se enfermen de padecimientos contagiosos, empiezan las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales son muy caras para el erario”, explicó el director del CIEP, Héctor Villarreal.

Por su parte, seis ex Secretarios de Salud emitieron una carta para exponer que “en la iniciativa legislativa se plantea el objetivo correcto de regularizar la situación laboral de 80 mil médicos, pero no puede conseguirse a costa de destruir la base que soporta y financia la atención a las enfermedades catastróficas que se presentan en la población no derecho habiente de la seguridad social”.

La firman Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski Woldenberg, Mercedes Juan López y José Narro Robles.