.- Para el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, el asunto en Baja California es simple: el morenista Jaime Bonilla recibió una constancia como mandatario electo solo por dos años, pero en acto vergonzoso, el Congreso de aquel Estado pasó por encima del voto ciudadano al asumir el carácter de supra elector y ampliarle retroactivamente el periodo a cinco años. Por esa razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que analiza las peticiones que recibió en Tijuana, en las que le piden al organismo su intervención por este caso. A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN) estimó que en un mes quedarán expulsados los diputados locales que avalaron la reforma. Sobre el caso, el consejero del INE sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la autoridad moral como jefe de Estado para condenar este tipo de reformas y presentar él mismo una acción de inconstitucionalidad. Por separado, la CNDH anunció que está analizando la posibilidad de presentar por su cuenta un recurso de inconstitucionalidad; el PAN también pidió un recurso de este tipo. Baños incluso consideró que se puede presentar una denuncia penal contra los legisladores Estatales por fraude a la ley, por lo que definió que se trata de un precedente muy grave que debe superarse para evitar la tentación de otras legislaturas de acciones de este tipo. La vía para dejar sin efectos ese cambio, agrega, es por la acción de inconstitucionalidad, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe resolver esto. Hay un precedente en un caso de Oaxaca, y otro en Michoacán. Las quejas por esa modificación llegaron el pasado 15 de julio a la CNDH, en las que se aduce una vulneración a los derechos humanos. La CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el contexto de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto, detalló en un comunicado. Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó la eventual expulsión de los diputados panistas –mayoría en el Congreso local– que votaron a favor, pero, a la vez, atribuyó a Bonilla acciones para corromper, presionar y coaccionar al Congreso estatal.
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