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| Estrategias de gobierno, insuficientes para proteger migrantes: CNDH. | ||||||
| El organismo nacional lamentó que no exista coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar estos delitos, pues faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos. | ||||||
| Lunes 18 de Marzo de 2019 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El organismo nacional lamentó que no exista coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar estos delitos, pues faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos. "La actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad", remarcó a propósito de los recientes casos de secuestro en Tamaulipas de al menos 22 migrantes centroamericanos. El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez manifestó su preocupación porque las agresiones contra ese grupo vulnerable persistan, lo que no sólo aqueja a los extranjeros en contexto de movilidad y tránsito por México, sino a la comunidad en su conjunto debido a la inseguridad en Tamaulipas y otras zonas y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, lo que afecta el estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos. La CNDH recordó que desde hace una década ha denunciado de manera pública los casos de migrantes que son víctimas de delitos en su tránsito por nuestro país. Desde entonces, subrayó, ha solicitado a las autoridades de los tres niveles de gobierno la adopción de medidas de investigación, protección y prevención para atender el problema, así como la conformación de políticas públicas que garanticen la no repetición de estos sucesos, en beneficio de la protección integral de los derechos humanos de ese grupo en situación de vulnerabilidad. El 15 de junio de 2009, el organismo emitió el Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, en que analizó el contexto de los delitos contra ese sector y se propusieron medidas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración. La CNDH calculó que en un semestre (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las 9 mil 758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares. En febrero de 2011, la CNDH publicó otro reporte sobre el caso, en el que documentó que para 2010 la cifra se incrementó a 11 mil 333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. "No obstante, se advirtió que las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito, ya que en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas". Debido a esto, y ante la falta de acción de las autoridades correspondientes, la CNDH emitió una recomendación sobre este caso el 23 de diciembre de 2013, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República y al gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, el problema no se detuvo y el 18 de octubre de 2017 se emitió otra recomendación, esta vez por el caso de 49 migrantes hallados sin vida en Cadereyta, Nuevo León, dirigida a la PGR y a los gobiernos de ese estado y Tamaulioas. En ambas, la CNDH resaltó la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, con la finalidad de que se intensificaran acciones de vigilancia y evitar casos similares. El organismo nacional afirmó que estará atento nuevamente a esto procesos, ahora en particular al desarrollo de las investigaciones en torno a la reciente desaparición de las 22 personas migrantes en Tamaulipas. Esto "con la finalidad de observar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de las acciones de búsqueda y localización, tengan como prioridad el hallazgo en vida y en pleno respeto a los derechos humanos de esas personas, además exhorta a dar cumplimiento a las propuestas realizadas en los distintos documentos citados que permitan crear políticas públicas efectivas para garantizar la no repetición de tan lamentables hechos". |
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