.- México no acaba de optimizar sus recursos pese a los novedosos esquemas de inversión puestos en operación dizque para beneficio de los gobernados, y en ese tenor, los siete hospitales construidos en el País, los cuales ya operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) le cuestan al erario como si operaran al máximo de su capacidad, cuando en realidad casi la mitad de sus camas no se están utilizando, lo que genera un desperdicio de recursos cercano a los 656 millones de pesos anuales. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que con ese mundo de recursos se podría financiar el funcionamiento de otro hospital de alta especialidad, o se podría dar atención completa a la mitad de las mujeres mexicanas que sufren cáncer de mama. A partir de la investigación reportada en un completo Informe sobre el tema que presentará mañana martes, la organización detalla en el reporte que el desperdicio se debe, sobre todo, por infraestructura no utilizada (camas, equipos, quirófanos), así como pagos hechos sin contraprestación de parte de las empresas. En total, son 18 hospitales APP asignados a empresas. De ellos, están en operación desde hace más de cuatro años y uno fue recién inaugurado (son siete operando, en total), cuatro no se consolidaron o se acabaron cancelando por problemas en los procesos administrativos, y siete están recién firmados y en etapa de desarrollo. Los siete que ya están en operación y de donde se cuantificaron los desperdicios son: el Hospital Regional de Especialidades (HRE) El Bajío en León, Guanajuato; el HRE Ciudad Victoria en Tamaulipas; la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. Hasta ahí van tres y los otros cuatro son del estado de México: el HRE Zumpango, el HRE Ixtapaluca, el Hospital Regional de Toluca y el Hospital Regional de Tlalnepantla. Casi la mitad de las camas de los hospitales APP no se están utilizando debido a varios factores: o no hay una estrategia de captación de pacientes, no hay contratación de especialistas o son fallidas las redes de servicios. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aquí tiene también responsabilidad, advirtió MCCI, porque no entrega recursos suficientes para la plantilla asistencial completa. Pero en contraparte –y aquí estaría el origen y mal cálculo en perjuicio del Estado–, el pago de los contratos APP en operación sí está garantizado al 100 por ciento en favor de las empresas de modo que éstas siempre están bien cubiertas. Esto quiere decir que, aunque los hospitales funcionan a media capacidad, el Estado le paga al operador privado como si el hospital operara al 100 por ciento, al tiempo que la sobredemanda de atención hospitalaria en diversas partes del País sigue siendo insatisfecha. En el documento los investigadores de MCCI aclaran que el problema no radica en el esquema de financiamiento APP, pues en otros países como el Reino Unido ha sido exitoso. El problema, subrayan, es una deficiente implementación del modelo APP debido a una inadecuada gestión de los riesgos retenidos y una nula rectoría de parte del Estado en el sector salud.
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