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Periodistas y defensores acusan a Julión de usar su influencia con Velasco para acosarlos.
La organización Artículo 19 alertó que la amenaza del cantante atenta contra la libertad de expresión.
Jueves 27 de Septiembre de 2018
Por: sinembargo.mx
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- En la nota “Acusan a Julión Álvarez de mover influencias con Velasco, para mantener detenida a una persona”, publicada el 19 de septiembre, Chiapas Paralelo difundió la carta de la familia de un campesino detenido junto a otras 18 personas en 2015, acusado de robar ganado del rancho del cantante.


La misiva explica que la “gente de Julión Álvarez” pidió a la familia de Sergio Alberto González Castro 8 mil pesos para dejarlo libre. “Que si no pagaba esa cantidad que se iría a la cárcel como nosotros somos de bajos recursos económicos, no pudimos pagar esa cantidad”, reveló la familia.

Julión Álvarez amenazó con demandar al medio de comunicación Chiapas Paralelo y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) luego de que el pasado 19 de septiembre se publicó una nota en la que se exhibía que el cantante buscaba influir, a través del Gobernador Manuel Velasco Coello, para mantener detenido y procesar a un campesino acusado de robo de ganado en su rancho en Chiapas.

La organización Artículo 19 alertó que la amenaza del cantante atenta contra la libertad de expresión.

En un comunicado detalló que en la información difundida por Chiapas Paralelo se citaba un comunicado del Centro de Derechos Humanos y reproducía también una carta elaborada con puño y letra por los familiares de Sergio Alberto González Castro, la persona detenida, donde también se denuncia probables violaciones a sus derechos humanos, como actos de tortura, para que se declarara culpable.

En la nota “Acusan a Julión Álvarez de mover influencias con Velasco, para mantener detenida a una persona”, del 19 de septiembre, Chiapas Paralelo difundió la carta de la familia que detalla que Sergio fue detenido junto a otras 18 personas en 2015, bajo el cargo de robar ganado del rancho del cantante.

La misiva explica que la “gente de Julión Álvarez” pidió a la familia de Sergio 8 mil pesos para dejarlo libre. “Que si no pagaba esa cantidad que se iría a la cárcel como nosotros somos de bajos recursos económicos, no pudimos pagar esa cantidad”.

La familia también asegura que la acusación “fue mentira porque después de unos días el ganado que supuestamente se perdió lo encontraron en su rancho, nunca hubo robo de ganado”. Denuncia además que las influencias de Julión con el Gobernador Velasco “hizo que por un ganado detuvieran a varias personas, en total son como 18 personas acusadas por el robo de un ganado”.

La familia exige la libertad de Sergio Alberto González, que reparen los daños ocasionados y que les garanticen seguridad.

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Sin embargo, luego de que el Frayba y Chiapas Paralelo difundieron la información, en un comunicado emitido por la oficina del cantante, se advirtió:

“En días recientes determinados medios de comunicación difundieron algunas notas y señalamientos de forma irresponsable, en donde se menciona, que el artista Julión Álvarez utiliza influencias para llevar a cabo sus actividades personales, comerciales y artísticas; así como para forjar su patrimonio. Hemos sido instruidos por el señor Julio César Álvarez Montelongo, para ejercer toda acción legal en contra de quien o quienes, hayan efectuado los señalamientos que se le imputan”.

Y también se informó que se iniciarán iniciará “procesos legales para demandar y denunciar… a la totalidad de las personas que aseguran que Julión Álvarez incide en las determinaciones que autoridades administrativas o judiciales deben ejercer en el cumplimiento de sus funciones”.

“El ejercicio de nuestra acción legal abarcará a todos los involucrados que hayan tenido participación en la generación, edición y difusión de estas aseveraciones ausentes de verdad”, agregó el documento.

Artículo 19 alertó que “continúa observando la utilización de mecanismos jurídicos por parte de personas con proyección pública, tendentes a criminalizar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información, en casos que revisten un interés público, en contra de periodistas o medios que publican o replican dicha información”.

La organización hizo un llamado a todas aquellas personas que cuentan con proyección pública, así como funcionarios, empresarios, candidatos a ocupar cargos públicos, a respetar la libertad de expresión y derecho a la información, y abstenerse de amedrentar el ejercicio de estos derechos que, como en el presente caso, anuncian el inicio de acciones legales, ya sea en el ámbito penal o civil, en contra de periodistas, medios e, incluso, organizaciones de defensa de derechos humanos.

Y finalmente conminó a las autoridades “a proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, tanto en el sentido de derogar los delitos contra el honor en aquellos estados donde aún están vigentes, así como la adopción de criterios tendentes a desestimar aquellas demandas cuyo objeto sea coartar el libre flujo de ideas e informaciones, sin afectar el ejercicio de otros derechos, bajo un análisis diligente, garantista, ponderativo y con perspectiva de derechos humanos, a efecto de conseguir la mayor protección hacia las personas, particularmente, de quien ejerce las libertades de expresión e información, fundamentales en toda sociedad democrática”.

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