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En cárceles de Argentina, más de cinco mil casos de tortura.
“Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”, explicó Daroqui.
Martes 18 de Septiembre de 2018
Por: Sputnik
Foto: Xinhua
Buenos Aires.- En 2017 se detectaron cinco mil 328 hechos de tortura o maltratos contra mil 408 víctimas en el ámbito federal y en la provincia de Buenos Aires, un fenómeno arraigado y extendido en Argentina, Alcira Daroqui, la directora del departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

“Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más”, explicó Daroqui.

La Procuración Penitenciaria, un organismo estatal autónomo del Poder Ejecutivo y Judicial, presentó hoy el Registro Nacional de Casos de Tortura que se elabora desde hace ocho años.

La PPN distingue 11 tipos de tortura: agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, malas condiciones de detención, falta o deficiente alimentación, amenazas, impedimentos de vinculación familiar, requisa persona vejatoria, robo o daño de pertenencias, y traslados gravosos o traslados constantes.

La evolución de la población carcelaria en Argentina aumenta desde 2013 de manera pronunciada, lo que conduce al hacinamiento de los presos y deteriora la calidad de vida en las cárceles.

“En 2017 y 2018, la población ha crecido exponencialmente, fruto de una política de Estado que decide retener gente en la cárcel”, indicó la coordinadora de la investigación.

Durante el relevamiento que realizó en las prisiones federales, la PPN detectó que la ocurrencia de las agresiones físicas por parte del personal penitenciario disminuyó en relación a otros años, pero se incrementó la violencia entre los propios reclusos.

También se individualizaron hasta 353 prácticas de aislamiento, consideradas un tipo de tortura por la Procuración.

El Comité de la ONU contra la Tortura observó en abril de 2017 que la tortura era una “práctica recurrente” en este país sudamericano, “pero eso no ha impactado en políticas distintas en materia penitenciaria ni en el gobierno nacional ni en el de la provincia de Buenos Aires”, observó Daroqui.

En esta provincia, la más importante del país por albergar a 38 por ciento de la población, “la violación de derechos humanos adentro de las cárceles es sistemática e impactante”, añadió la coordinadora del informe.

Expulsión de extranjeros

El gobierno de Buenos Aires, del mismo signo político que el Ejecutivo nacional de Mauricio Macri, Cambiemos, ha propuesto expatriar a los reclusos extranjeros una vez cumplan la mitad de su condena, de acuerdo a lo contemplado por la Ley de Migraciones.

El recluso podría volver a su país de origen en libertad, a condición de no pisar nunca más territorio argentino, según afirmó el subsecretario de Política Penitenciaria de la provincia, Juan Barik.

De las 42 mil 666 personas encarceladas en la actualidad en la provincia de Buenos Aires, los extranjeros representan menos de cinco por ciento, de acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales.

“El problema es que las personas extranjeras viven aquí desde hace mucho tiempo con sus familias, así que para esos casos, la expulsión es un perjuicio muy grande, además de que no sería significativa la reducción de población penitenciaria”, afirmó Daroqui.

Dispuesto a reducir el hacinamiento en las prisiones de Buenos Aires, "lo primero que tendría que hacer el Estado es decirle al Poder Judicial que deje de tener a 60 por ciento de las personas privadas de libertad en prisión preventiva por delitos no violentos que no son graves, como el menudeo de droga", sentenció la experta.

Con base en los consejos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, la investigadora propone revisar los criterios de encarcelamiento del Estado, con atención a las directrices del Poder Judicial, que es el que dicta las órdenes de prisión.

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