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Miles exigen en Nicaragua libertad para “presos políticos”.
Miles de personas marcharon hoy de forma pacífica en la capital de Nicaragua para exigir la liberación de los manifestantes presos por el Gobierno de Daniel Ortega, en medio del acoso de grupos oficialistas, que también marcharon este domingo.
Domingo 09 de Septiembre de 2018
Por: DPA
Managua.- Miles de personas marcharon hoy de forma pacífica en la capital de Nicaragua para exigir la liberación de los manifestantes presos por el Gobierno de Daniel Ortega, en medio del acoso de grupos oficialistas, que también marcharon este domingo.

Al grito de "Libertad de los presos políticos" los ciudadanos se sumaron a la denominada Marcha de los globos, convocada el sábado por familiares de los detenidos, recorriendo decenas de barrios de Managua donde los vecinos salían de las casas bandera en mano como muestra de simpatía.

Ondeando banderas y portando principalmente globos azul y blanco, colores del pabellón nacional, los participantes recorrieron varios kilómetros más de lo previsto, tras verse obligados a cambiar la ruta trazada debido al asedio de las fuerzas de choque del Gobierno y la presencia de antimotines, dijeron los organizadores.

"No tenemos miedo", coreó la multitud tras salir de la rotonda Cristo Rey, al oeste de la ciudad, en medio decenas de policías y manifestantes gubernamentales que llegaron a bordo de camionetas a gritar consignas a favor de Ortega.

"Este pueblo es Elsa Valle, es Irlanda Jerez, es Medardo Mairena. Los presos políticos están ahí (en las cárceles) por todos los que estamos aquí marchando", expresó al Canal 100% Noticias Carlos Valle, padre de Elsa, al agradecer a los ciudadanos por su masiva asistencia.

"El cuerpo (de Elsa) está encarcelado, pero su espíritu está en las calles. Mi hija me pide más marchas, más plantones, más huelgas para resistir (en la cárcel)", añadió Valle.

"Pido justicia por los torturados. Desde el 4 de septiembre no he visto a mi hijo. Su único delito es su bandera, su amor a la patria, su micrófono", dijo por su parte Mercedes Dávila, madre del dirigente estudiantil Bismarck Carcache, apresado la semana pasada y acusado por terrorismo por las autoridades.

En tanto, familiares de Medardo Mairena, el dirigente campesino miembro de la opositora Alianza Cívica detenido hace dos meses, denunciaron que las autoridades continúan negando información sobre el reo y tampoco les permiten visitas, por lo que afirmaron seguirán en las calles exigiendo justicia.

La marcha opositora que culminó en Rubenia, al oriente de Managua, ocurrió dos días después de una huelga nacional de 24 horas que exigió "la liberación de los presos políticos" y un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijera tener informes de que en las cárceles nicaragüenses hay más de 1.000 presos políticos.

Mientras, en otras zonas de la capital, el Gobierno organizó una caravana de vehículos denominada "Paz, vida y justicia", que con banderas rojinegras, símbolo del partido Frente Sandinista, recorrió diversos puntos de la ciudad.

Otra caravana oficialista también se realizó en la provincia de Carazo, donde se exigió justicia por un simpatizante del Gobierno supuestamente torturado por opositores, según imágenes transmitidas por el Canal 4, propiedad de la familia Ortega.

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, exhortó hoy a los organizadores de los diversas manifestaciones, tanto del Gobierno como opositoras, a evitar confrontaciones innecesarias y planificar rutas en las que ambos bandos no se encuentren.

"Yo exhortaría a los organizadores a que traten de evitar esas confrontaciones, Managua tiene bastantes avenidas y cada uno puede agarrar una avenida distinta y que así no se encuentren como miramos la semana pasada", dijo el prelado al recordar la situación tensa vivida hace una semana cuando el oficialismo cruzó desafiante con una caravana de vehículos frente a una concentración opositora.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril y hasta la fecha se ha cobrado la vida de 481 personas, en su mayoría jóvenes que, según ONG de derechos humanos, murieron a manos de policías y paramilitares. El Gobierno contabiliza 198 fallecidos y responsabiliza a "grupos de la derecha terrorista".

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