De Veracruz al mundo
La Corte atrae amparo de esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
Un Tribunal Colegiado le pidió a la Corte resolver el amparo en el que Pineda Villa impugna la competencia del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas para llevar su caso.
Martes 12 de Junio de 2018
Por: Apro
Foto: PGR
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo solicitado por María de los Ángeles Pineda Villa para que sea un juzgado de la Ciudad de México y no uno de Tamaulipas el que sustancie las acusaciones por cohecho que se le hicieron tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Un Tribunal Colegiado le pidió a la Corte resolver el amparo en el que Pineda Villa impugna la competencia del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas para llevar su caso.

Argumenta que los hechos por los que la acusa la Procuraduría General de la República (PGR), sucedieron en la Ciudad de México, además de que está internada en el penal de Tepic, Nayarit.

La Corte atrajo el caso y quedó asignado en la Primera Sala en la ponencia del ministro José Ramón Cossío.

María de los Ángeles Pineda Villa es la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la PGR la acusa junto a sus hermanos de formar parte del liderazgo de Guerreros Unidos, organización a la que el ministerio público le atribuye la desaparición de los 43 normalistas.

La defensa de Pineda Villa asegura que el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que los delitos deben ser conocidos por tribunales en cuyo territorio se hayan cometido los delitos.

La semana pasada, un Tribunal Colegiado en Tamaulipas amparó a varios de los acusados que alegan haber sido torturados por la PGR cuando fueron detenidos. Entre ellos, Gildardo López Astudillo, a quien la PGR acusa de haber calcinado a los normalistas.

El Colegiado fue más allá de la petición del amparo y echó abajó la “verdad histórica” de la PGR, al asegurar que el ministerio público federal careció de independencia en sus indagatorias, por lo que pidió la creación de una Comisión de la Verdad para investigar lo ocurrido en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

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